El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pide oficialmente al Tribunal Constitucional que sea él quien decida sobre la ley del Govern para esquivar la sentencia del 25% de castellano en las aulas.
La norma rechaza fijar ningún porcentaje, establece los criterios para elaborar los proyectos lingüísticos y blinda las direcciones de los centros. Salió adelante con los votos de Esquerra, Junts, los comunes y el PSC en el Parlament.
El TSJC ya dijo que no puede obligar al Departamento de Educación a incrementar la presencia del castellano en las aulas y ahora pasa el balón al tejado del Constitucional.
El TSJC cree que la ley del Govern choca tanto con la Constitución como con el Estatut. Defiende que ambas normativas introducen un modelo que «rompe» con la paridad de las lenguas oficiales, que choca con la interpretación que el propio Constitucional hizo sobre la lengua en la sentencia del Estatut y que se afectan a derechos fundamentales.
