La Fiscalía Superior de Cataluña ha rechazado que el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, cometiera delitos de desobediencia y prevaricación en su respuesta a la sentencia con la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le obligó a garantizar que un 25% de las clases de la escuela catalana se impartían en lengua castellana.
El fiscal jefe, Francisco Bañeres, y el fiscal Pedro Ariche, respondieron así, respectivamente, a la denuncia presentada por Ciudadanos, por un lado, y a la denuncia de Hablemos Español y Convivencia Cívica Catalana, y la querella de Vox.
Los fiscales descartan que el comportamiento de Cambray haya podido ser constitutivo de un ilícito penal, que haya contravenido la sentencia del TSJC, o que haya impedido que los alumnos reciban una docencia suficiente para dominar el castellano. De hecho, aducen que ninguna familia ha denunciado que se haya negado expresamente la aplicación de la sentencia del 25% en un centro concreto.
En cuanto a la presunta comisión del delito de desobediencia grave a la autoridad por parte del consejero, la Fiscalía concluye que corresponde al TSJC, mediante los testimonios, esclarecer si se han desatendido sus requerimientos. Al respecto, rechaza el planteamiento de Ciudadanos, que deducía esa desobediencia de las instrucciones comunicadas por el Departamento de Educación a los centros escolares.
