El TSJC ha denegado las medidas cautelares que pedía una familia para que se aplicara el 25% de castellano a una clase de una escuela de Barcelona. Así, por primera vez el tribunal alega que no puede decretar estas medidas porque existe una nueva normativa aprobada por la Generalitat que lo impide. Ahora, las partes pueden presentar alegaciones.
El decreto ley que sacó adelante el gobierno a principios de junio para contrarrestar una sentencia del TSJC que obligaba a hacer un 25% de castellano en todas las escuelas e institutos de Catalunya remarca que no puede haber porcentajes en el aprendizaje de las lenguas.
Un mes después, el Tribunal Superior ya admitió que la ley imposibilitaba el cumplimiento de su sentencia y anunció que, ante las dudas que tenía sobre su constitucionalidad, llevaría tanto la ley como el decreto ley en el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, mientras, a la espera de saber si son constitucionales o no, los trámites para ejecutar la sentencia están suspendidos.
