El nuevo impuesto que el gobierno central aplicará sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y bancarias incluirá la prohibición expresa de trasladar este tributo a los ciudadanos. Según ha avanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena SER, la norma «contemplará que se prohíba la repercusión de este gravamen en el precio final» y encomendará a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) la vigilancia de las empresas.
Montero ha explicado que la CNMC se encargará de controlar el comportamiento de los grandes bancos y las grandes energéticas eléctricas, petroleras y gasistas y que, en caso de que se produzcan incumplimientos y se traslade al cliente el coste del impuesto, la CNMC aplicará sanciones a las empresas. «La norma lo tendrá implícito», ha asegurado la ministra, que ha destacado la determinación del ejecutivo central para aplicar estos tributos a pesar de la oposición de las empresas de los sectores afectados.
Cómo explicó el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, en el debate sobre el estado de la nación, se prevé que con el nuevo impuesto a las energéticas el Estado recaude 2.000 millones de euros anuales en los próximos dos años. En cuanto al tributo a las grandes entidades financieras, se estima que se recaudarán unos 1.500 millones de euros al año.