El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, al considerar que la justicia belga no puede denegar la ejecución de las euroórdenes contra los encausados por el proceso independentista bajo el argumento que había riesgo de que se violaran sus derechos fundamentales. Para el abogado del TJUE habría hecho falta que los tribunales belgas hubieran demostrado deficiencias sistémicas y generalizadas en España, y ha añadido que los jueces belgas no pueden poner en entredicho las competencias del Tribunal Supremo español a la hora de emitir este tipo de órdenes.
El juez del Supremo Pablo Llarena había presentado esta cuestión en marzo de 2021 al TJUE, después de que los tribunales belgas rechazaran la entrega del ex consejero de cultura Lluís Puig a la justicia española. La justicia belga argumentó que el tribunal competente para dictar la euroorden de extradición tenía que ser catalán. Los tribunales belgas también defendieron que de entregar a Puig al Supremo, se ponía en riesgo los derechos fundamentales contra la presunción de inocencia.
El juez Llarena se dirigió a la justicia europea para esclarecer las razones para denegar que se hicieran efectivas las euroórdenes contra dirigentes del proceso independentista que habían huido de la justicia española, como sería el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Llarena quería aclarar, sobre todo, el alcance de la emisión de las euroórdenes emitidas contra los líderes del proceso independentista.
La decisión del Abogado General europeo no es vinculante para la justicia europea, a pesar de que generalmente las decisiones de éste acaban coincidiendo con las sentencias dictadas por el TJUE.
