Después de que se haya hecho público el escrito de Fiscalía, en el que pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación a la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa por unos presuntos contratos fraccionados de cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Junts ha querido enviar este jueves un mensaje de unidad y apoyo a Borràs. Así, la también presidente de la formación y Jordi Turull han comparecido conjuntamente para denunciar lo que consideran que es una «persecución política» del Estado.
La presidenta del Parlament ha insistido en que no dimitirá de su cargo, mientras el secretario general del partido ha pedido a los partidos independentistas -ERC y la CUP- que no hagan el juego a las cloacas del Estado.
Borràs ha vinculado la «desproporción» de las penas que pide el ministerio fiscal a una «persecución» por sus ideas. «La desproporción de las acusaciones explican mejor porqué hablo de persecución política», aseveró.
De los cuatro delitos que se investigaban, dos, fraude y malversación, cayeron, y Borràs lamentó que ya se ha asociado su figura a estos dos delitos que se asocian a la corrupción y afirmó que es «injusto» y «heridor» que se valore su situación «omitiendo el contexto de represión».
Por eso, Borràs ha apuntado que si finalmente es suspendida mediante el artículo 25.4 del reglamento del Parlamento, relativo a las causas de corrupción, será por una «decisión política» de los demás miembros de la Mesa, a los que ha instado a actuar a conciencia. Además, reiteró que se trata de «un artículo que vulnera la presunción de inocencia».
