ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem registraron el 3 de mayo, a bombo y platillo, una propuesta de resolución para la creación de una comisión de investigación sobre el caso bautizado como CatalanGate por el laboratorio canadiense de tecnología y derechos humanos que lo publicó quince días antes. Las prisas que tuvieron estos grupos políticos por presentar esta resolución no han tenido continuidad. La Mesa del Parlament la admitió a trámite el 10 de mayo y nunca más se ha sabido de ella. Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, es evidente que esta comisión de investigación no empezará a funcionar hasta otoño y hay indicios para pensar que no lo hará nunca.
En Comú Podem fue arrastrado a firmar la propuesta de resolución sin demasiada convicción, teniendo en cuenta que la intención de los grupos independentistas es desprestigiar al gobierno español, del que forman parte ministros de Unidas Podemos. El único grupo que ha mostrado interés por que avance la comisión de investigación es la CUP. El 28 de junio, la diputada de este grupo Laia Estrada pidió explicaciones de la desidia de Junts y ERC a la hora de impulsar una iniciativa que presentaron con tanto alboroto mediático. «No lo entendemos y les pedimos explicaciones, porque sobre la mesa sólo hay excusas de mal pagador», denunció Estrada.
Las excusas a las que se refería es que Junts y ERC aducen para justificar esa parálisis que no se ponen de acuerdo en decidir quién preside la comisión. Una excusa absurda que no convence a Estrada ni a nadie. La verdadera razón del pánico de ERC y Junts a la puesta en marcha de una comisión de investigación que analice el informe presentado por Citizen Lab es que su CatalanGate está plagado de interrogantes, contradicciones, misterios y carencia de rigor científico. Si la comisión puede trabajar sin obstáculos, quedará en evidencia que el CatalanGate es una maniobra de los dirigentes independentistas para buscar salida a los procesos judiciales que afectan a unos pocos de ellos y para socavar el apoyo al gobierno español.
ERC y Junts se verían obligados a vetar la comparecencia en la comisión de Elies Campo, a quien presentaron como coordinador catalán de la investigación y le pasearon por TV3, RAC1, o el ARA, y que ahora está escondido bajo las piedras después de que EL TRIANGLE informase de que había mentido en su currículum, haciéndose pasar por alto cargo de Telegram Messenger, empresa en la que nunca trabajó. Además, Citizen Lab tendría que mostrar las pruebas de las conclusiones de su informe -según el cual 65 partidarios de la independencia de Catalunya fueron espiados con los softwares Pegasus y Candiru- cuando nunca ha querido enseñarlas hasta ahora. Las contradicciones entre los presuntamente espiados sobre la forma en que se enteraron de que sus teléfonos móviles estaban infectados también quedarían al descubierto en las sesiones parlamentarias de esa comisión.
La propuesta de resolución para la creación de una comisión de investigación fue justificada por sus impulsores diciendo que “ya que el Congreso, con los votos del PP, PSOE, Vox y Cs, ha vetado la comisión de investigación sobre espionaje, el Parlament de Catalunya no puede quedar impasible ante la gravedad de los hechos, que atentan directamente contra derechos fundamentales. Por eso, defendemos la obligación de proteger a los representantes políticos y a los ciudadanos, a quien de manera indirecta, también se les ha espiado y, por tanto, se les ha vulnerado el derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones, entre otros derechos”. Investigar esa vulneración de derechos ya no corre tanta prisa. Primero, las vacaciones de verano. Y después, ya veremos.
