Rosell señala a “un empresario” como culpable de su encarcelamiento

“No pararé hasta saber quién apretó el botón rojo contra mí”, dice, y denuncia el escándalo procesal de la jueza que se inventó cargos para encerrarlo y paralizó, en cambio, la investigación sobre los sobornos de Mediapro

La revisión mediática del caso Rosell, víctima de una salvaje y chapucera actuación judicial tolerada por la Audiencia Nacional y recompensada por el Tribunal Supremo con un ascenso a la magistrada Carmen Lamela, responsable de la infame decisión de encerrar a Sandro Rosell y a su amigo y socio Joan Besolí dos años en prisión preventiva, sigue revelando la ausencia de fundamentos legales, de indicios delictivos y la intervención de un tercer actor cuya identidad resulta cada vez menos borrosa.

Al margen de los informes de la Guardia Civil, sesgados y manipulados sobre la base de una comisión rogatoria proveniente de EEUU y de la obsesiva determinación de la jueza Lamela, que dictó prisión sin fianza sobre un auto absolutamente vacío de pruebas, Sandro Rosell va perfilando cada vez con más claridad la participación directa de una fuerza telúrica, otro gran poder capaz de manejar y controlar cuerpos de la policía y la propia administración de justicia en su contra.

A Rosell le ha venido bien que las declaraciones de Villarejo hayan puesto de manifiesto la parodia que ha resultado ser su caso, una vez demostrado que para apresarlo fueron utilizados fraudulentamente y con una premeditación grotesca, inadmisible, los resortes de la ‘Operación Catalunya’, una cruzada de las cloacas del Estado contra el soberanismo, como excusa para articular esa caza mayor.

Aunque Villarejo lo haya incluido en esa bolsa de la guerra sucia, la cronología, tampoco la teoría ni en la práctica la escandalosa detención de Rosell cuadran ni justifican hechos muy posteriores a ese presunto liderazgo a favor del independentismo catalán que se le atribuye cuando fue presidente del Barça entre 2010 y 2014. La detención y la barbarie procesal sobrevino dos años después, no sólo sin una base ni pruebas de su activismo político, una vía completamente descartada, sino también cuando su peso e influencia social y mediática habían desaparecido por completo con su renuncia al cargo a primeros de 2014 y su total desaparición del escenario público.

El propio Rosell, incansable en su propósito personal de identificar a esa mano tan poderosa que meció la cuna de su calvario en prisión, destaca en sus declaraciones, a propósito del destape de Villarejo, que el ex-comisario “colaborará con cualquier persona que le ayude a demostrar que él no estaba solo en esto».

Villarejo, está muy claro, no trabajaba solo, “lo hacía de dos maneras. Una, como un patriota español que actuaba por el camino más recto sin autorización judicial, saltándose la normativa y tirando de fondos reservados. La otra, por cuenta de un empresario. En mi caso, o alguien del Estado le dijo que lo hiciera o fue un empresario. Quiero saber qué vía fue la mía o si fue una mezcla de las dos. Creo que fue efectivamente una mezcla de las dos”, ha apuntado.

Habla de un empresario, por ahora con prudencia, como el autor intelectual y promotor de las maniobras en la oscuridad que precedieron a los actos de escuchas previas, seguimiento, diligencias y orden de registro y encierro. El origen fue “el contenido de una comisión rogatoria de Estados Unidos en la que se inventaron una cuenta mía en ese país, que no es verdad, para tener una manera de ligar a Estados Unidos con nosotros. La comisión solo pide información bancaria sobre mí y, en cambio, sólo hay que ver cómo acabó todo. A otros, que también figuraban en ella, no les ha pasado nada y yo he pasado dos años en la prisión. Y si hubiera delito, que no lo había, nadie se pasa ni una semana en prisión por esto y menos por un hecho ocurrido hacía 12 años. La desproporción es de un calibre brutal”, ha afirmado, todavía alucinado e impactado por el despliegue de por lo menos 50 unidades de la Guardia Civil entrando simultáneamente en su domicilio de Barcelona y en su segunda residencia en Girona con un ruido mediático ensordecedor y una exhibición y despliegue de fuerzas de la autoridad también completamente desajustado a la petición concreta de esa comisión rogatoria.

Ahí radica, para Rosell, la clave de todo: la desviación de esa petición de Estados Unidos de investigar unos ingresos suyos en una supuesta cuenta de aquel país intentando establecer una relación con el FIFAgate promovido por el FBI. La agencia norteamericana pidió a la justicia española realizar esa gestión, sólo eso, al mismo tiempo que investigar a fondo las actuaciones de Mediapro, cuya filial americana estaba bajo sospecha de haber sobornado a directivos y ejecutivos de federaciones sudamericanas para hacerse con los derechos de televisión de los partidos oficiales de selecciones. 

La comisión rogatoria estaba fundamentada con indicios y pruebas que la filial americana de Mediapro había cometido esos delitos, motivo por el que demandaba una actuación enérgica de la jueza Lamela en su instrucción. El registro en la sede de Mediapro, sin embargo, fue silencioso y rápido, indoloro mediáticamente, discreto y sin apenas consecuencias, ya que la diligencia posterior de Lamela provocó una paralización procesal de la querella hasta que, finalmente, Mediapro admitió ante el Fiscal de Nueva York un delito de soborno por el cual pagó una multa de 21 millones.

Sin embargo, la investigación sigue abierta y los Estados Unidos han declarado en fuga a Gerard Romy, co-fundador de Mediapro con Jaume Roures y Tatxo Benet, cabeza de turco del holding mientras Mediapro ha procurado escurrir el bulto y realizar un efectivo control de daños.

Por ese motivo, porque un fleco de esa comisión rogatoria envió sin motivo ni argumento ninguno a Sandro Rosell a la cárcel durante dos años, mientras el grueso de las acusaciones contra Mediapro, demostradamente delictivas, acabaron en nada, en el lodo judicial y la inacción procesal, es por lo que el ex-presidente se muestra cada vez más rotundo: “Quiero saber quién ha apretado el botón rojo y no pararé hasta saberlo”.

Si hubiera que establecer objetivamente a quién benefició el ejercicio de sus obligaciones y funciones la jueza Carmen Lamela, en relación a esa comisión rogatoria de la justica americana, no hay duda que Rosell se llevó la paliza y el castigo que debería haber recibido el otro empresario señalado formalmente e indiciariamente por las investigaciones del FBI.

La pregunta es si algún empresario español posee los contactos, la influencia y el poder suficientes para frenar y detener el peso de la ley y las actuaciones judiciales no sólo a su favor sino en contra de otro empresario.

Por otro lado, es pública y rastreable la incomodidad que Sandro Rosell siempre ha provocado en Jaume Roures, quien ha promovido querellas en su contra por espionaje y al que se ha enfrentado por asuntos de negocios con el ex-presidente del Barça por elegir y apostar por otro operador distinto de Mediapro a la hora de comercializar los derechos de televisión de la Liga del club.

De fondo, se ha ido fraguando una enemistad personal y profesional curiosamente encapsulada en esa investigación del FBI apuntando presuntos abusos e irregularidades de ambos en el ámbito de la gestión de los derechos de televisión.

Otra pregunta todavía sin respuesta radica en el motivo por el cual Rosell acaba envuelto en esa comisión rogatoria sobre la base de haber obtenido ingresos y beneficios en una cuenta en los Estados Unidos como resultado de organizar partidos amistosos de la selección de Brasil, una sospecha fundamentada en la relación profesional y de amistad de Rosell con el ex-presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, detenido por irregularidades financieras según esa misma comisión rogatoria.

El caso es que Ricardo Teixeira nunca fue acusado ni detenido y que Rosell, entre otras falsedades, jamás abrió una sola cuenta bancaria en los Estados Unidos, dos diligencias que si Carmen Lamela hubiera atendido en las alegaciones presentadas por la defensa del ex-presidente azulgrana habrían sido suficientes para detener inmediatamente la investigación.

También es una práctica habitual de la justicia americana ofrecer una rebaja y atenuantes de los cargos contra un investigado si es capaz de aportar pruebas de delitos cometidos por terceras personas. En este sentido siempre han circulado especulaciones informativas en el sentido de que para defenderse de las acusaciones los abogados de la filial de americana de Mediapro sugirieron la investigación contra Sandro Rosell. 

Ciertamente, los derechos de televisión de Brasil, el ‘caramelo’ más dulce de todo el mercado de derechos futbolísticos de todo el continente, nunca estuvo ni remotamente cerca del control de Mediapro, una circunstancia que habría acentuado esa rivalidad empresarial.

Los papeles de Villarejo sostienen que el informe sobre Rosell se basó en las informaciones de una cuenta y blog de José Luis Pérez, un personaje obsesionado con la figura de Rosell, que permitió utilizar su nombre para que Manos Limpias interpusiera una denuncia contra Jordi Pujol Ferrusola y que participó en una reunión previa en la que estuvieron Miguel Bernad y María Victoria Álvarez dentro de la trama de la Operación Catalunya.

En ningún caso sería quien apretó el botón rojo.

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