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El TSJC duda sobre la constitucionalidad de la ley del 25% de castellano en las aulas y envía el caso al TC

Josep Gonzàlez-Cambray

Josep Gonzàlez-Cambray

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha hecho pública una providencia en la cual dice que tiene dudas que el decreto aprobado por el gobierno de la Generalitat y la ley aprobada por el Parlamento sobre el uso de las lenguas cooficiales en la escuela catalana (catalán y castellano) sean constitucionales. La comunicación del TSJC hace referencia al hecho de que la promulgación del decreto y la aprobación de la ley «determinan la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia» dictada por este tribunal en la cual se obligaba a las escuelas a cumplir con el 25% de las clases en castellano en Cataluña.

El TSJC dice que «ambas normas determinan la imposibilidad legal de ejecutar la Sentencia dictada en estas actuaciones, siendo así que se suscitan serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad«, añadiendo que «estamos ante una situación que impide de forma sobrevenida la ejecución de la sentencia a consecuencia de la promulgación de unas normas legales que suscitan dudas de inconstitucionalidad, de la validez de la cual depende la decisión que tenemos que adoptar sobre la continuidad o sobre la imposibilidad de la ejecución de Sentencia dictada en este proceso, lo cual nos obliga a plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional».

Con estos argumentos, el TSJC ha decidido «emplazar a las partes y al Ministerio fiscal porque, en el plazo común e improrrogable de DIEZ DÍAS, puedan alegar el que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de esta, respecto del Decreto Ley 6/22 y de la Ley 8/22, por posible vulneración de los artículos 3, 9.3, 24.1, 27, 86 117 y 118 de la Constitución española».

El consejero catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (foto), se ha mostrado optimista cuando ha conocido la providencia del TSJC. El consejero Gonzàlez-Cambray ha afirmado que el comunicado del tribunal pone en evidencia «la imposibilidad de aplicar el 25% en las escuelas», añadiendo que es «una gran primera victoria» que «refuerza el modelo de escuela catalana».

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