La dirección más o menos colegiada del movimiento independentista ha tenido congelada durante un año y medio la información sobre la existencia de un supuesto espionaje masivo contra un buen número de dirigentes y activistas de este colectivo. A pesar de las diferencias tácticas y estratégicas entre ERC, JxCat, CUP, Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana, sus dirigentes sí se pusieron de acuerdo en lanzar la campaña que bautizaron como Catalangate en el momento que consideraron que obtendrían mayores beneficios políticos y judiciales. Este momento fue el pasado 18 de abril, instrumentando el laboratorio de tecnología y derechos humanos Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto, a favor de sus intereses.
El expresidente del Parlament y actual consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, publicó en marzo del año pasado un libro titulado Pegasus dedicado a este espionaje. Sitúa en el 21 de octubre de 2019 un “epílogo para los días que vendrán” en el que escribe: “En los próximos días también vendrá una segunda oleada de Pegasus. Será el momento en el que John Scott-Raitlon y Elies Campo, conjuntamente, harán pública la lista definitiva de los afectados por esta operación de espionaje. Todos los nombres que hemos ido apuntando, todas las personas a las que hemos realizado el seguimiento y que hemos ido comprobando cómo, efectivamente, han sido escuchadas. Sólo cuando esto ocurra podremos dimensionar totalmente la afectación de esta operación de espías, móviles, caballos desbocados y escuchas. Y podremos constatar que era un sistema generalizado y discrecional de vigilancia política. Podremos afirmar, de forma definitiva, que vivimos en un estado policial”.
John Scott-Railton es investigador senior de Citizen Lab y Elies Campo es el activista que ha hecho de puente entre el sector independentista catalán y este centro de la Universidad de Toronto. Los días posteriores al 21 de octubre de 2019 fueron pasando pero ni Citizen Lab ni ningún partido ni organización independentista hizo pública la lista definitiva de afectados por el espionaje anunciada por Torrent.
Que la lista existía lo sabían muchos de que habían pedido el apoyo técnico y mediático de Citizen Lab. La propia presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, hizo unas declaraciones en julio del 2021 acusando a España de espiar al independentismo. El digital El Confidencial la acusó de hacer acusaciones falsas y Paluzie, en un mensaje en Twitter del día 17 de ese mes, amenazaba: “Pronto la hemeroteca los retratará”. Tuvieron que pasar todavía nueve meses antes de que el portal de Internet de Citizen Lab publicara su Catalangate. Incluía a 65 personas vinculadas al independentismo.
¿Por qué escondió la dirección independentista tanto tiempo este CatalanGate bajo la alfombra?
A finales de 2019, cuando Torrent decía que se haría público el nombre de los espiados, los dirigentes independentistas condenados por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia posterior todavía estaban encarcelados. Josep Lluís Alay, el jefe de la Oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, viajaba a Rusia en busca de apoyo para la independencia de Catalunya. Quizás no era el mejor momento para hacer estallar ese escándalo. El pasado 18 de abril, cuando la Comisión Europea está investigando la trama rusa de apoyo al independentismo catalán, pareció el momento adecuado. Les permitía presentarse como víctimas en lugar de cómo colaboracionistas en el interés ruso de debilitar Europa.
ERC anunció que congelaba sus relaciones con el gobierno español. JxCat asegura que no se puede sentar a negociar con un Estado que le espía. La Comisión Europea estudia si las ayudas de Vladimir Putin a la causa independentista justificaban ese espionaje.
