La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el voto delegado del diputado y exconsejero Lluís Puig (JxCat) vuelve a poner a prueba a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quien debe decidir ahora si acata la resolución judicial tal y como hizo con la retirada del escaño al exdiputado de la CUP Pau Juvillà. Durante el pleno de este martes y miércoles, Puig ha ejercido el voto delegado porque el Parlament no había recibido todavía la notificación del Constitucional y la Mesa acordó que el diputado pudiera participar a distancia, pero de cara al pleno de la próxima semana sí que deberá tomarse una decisión definitiva.
Borràs ya ha iniciado las conversaciones con el resto de partidos independentistas y, según fuentes consultadas por Nació Digital, la presidenta del Parlament ha hecho hincapié en las consecuencias penales que podría sufrir si no obedece la sentencia del tribunal, que es firme. La también presidenta de Junts siempre ha hecho bandera de la desobediencia, pero en el caso de Juvillà optó por retirarle el escaño antes de que la resolución fuera firme, señalando como culpables a los funcionarios de la Cámara por haber actuado de forma «improcedente».
Sea cual sea la decisión de Borràs, ERC cerrará filas con la presidenta del Parlament siempre que se explique con claridad, sin lanzar balones fuera como ocurrió en el caso del exdiputado cupero. En cuanto a los anticapitalistas, la diputada Laia Estrada ha manifestado que la CUP hará «todo lo que esté en nuestras manos para defender el derecho al voto» de Puig. No hay ninguna respuesta consensuada del independentismo, y la decisión que tome la presidenta del Parlament demostrará hasta qué punto está dispuesta a desobedecer, actitud que siempre ha defendido.
