Andorra afronta una crisis política, judicial e institucional sin precedentes en la historia del Principado, que trastoca los Pareatges medievales del siglo XIII y la Constitución de 1993, que son los dos pilares fundamentales sobre los cuales se basa la estabilidad del país. Este 28 de junio de 2022, se ha puesto en marcha una doble operación, en París y en Madrid, que puede hacer saltar por los aires todo el entramado que mantiene de pie las estructuras de poder del país de los Pirineos.
De un lado, el líder de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), Jean-Luc Mélenchon, ha reclamado al presidente francés, Emmanuel Macron, que promueva la legalización del aborto en el Principado y, si no lo hace, que presente su renuncia al cargo de copríncipe de Andorra, que es inherente a la presidencia de la República francesa. Después de las pasadas elecciones legislativas, la coalición que apoya a Emmanuel Macron ha perdido la mayoría absoluta y la NUPES se ha convertido en la principal fuerza de la oposición.
LAS AMENAZAS DEL COPRÍNCIPE EPISCOPAL
La debilidad política de Emmanuel Macron a la Asamblea Nacional hace que la iniciativa de Jean-Luc Mélenchon no tenga que encontrar obstáculos para poder prosperar. Todos los partidos del arco parlamentario francés –incluido lo Rassemblement National de Marine Le Pen– apoyan inequívoco en el derecho de las mujeres al aborto (ley Veil). El debate que se ha suscitado en Francia estos días, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es si este derecho tiene que figurar en el articulado de la Constitución.
Si la Asamblea Nacional pone el presidente Emmanuel Macron entre la espada y la pared con la legalización del aborto en Andorra, el conflicto institucional en el Principado está servido. Ya es conocida la posición del copríncipe episcopal, el arzobispo Juan-Enric Vives, y, por extensión, del Vaticano: si el Consejo General aprobara la despenalización del aborto, renunciaría a su cargo constitucional.
ESCENARIOS INCIERTOS Y VERTIGINOSOS
Es decir, Jean-Luc Mélenchon, con su propuesta, hace jaque a la tradicional arquitectura institucional del Principado y, además, cuenta con un apoyo parlamentario más que suficiente a la Asamblea Nacional para hacerla avanzar. Si, en consecuencia, Emmanuel Macron impone a las autoridades andorranas la legalización del aborto, de manera automática está forzando su homólogo, el copríncipe episcopal, a dimitir.
Los escenarios que se abren son inciertos y vertiginosos. ¿Se convertirá Andorra en una república? ¿La presidencia francesa asumirá, en solitario, la presidencia de Andorra? ¿Renunciará el Vaticano al coprincipado y lo ofrecerá al jefe del Estado español, el rey Felipe VI? En todo caso, no valen medias tintas y la cuenta atrás ha empezado.
EL PSOE, A SACO
Este 28 de junio, la junta de portavoces del Congreso de Diputados español ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la operación Cataluña. La iniciativa ha contado con el voto favorable del PSOE, Unidas Podamos, ERC, JxCat, PDECat, CUP, EH Bildu y BNG. Esto quiere decir que pasará, sin problemas, el visto bueno del plenario de la Cámara.
La creación de esta comisión de investigación –por la cual, sin duda, pasarán, entre otros, el expresidente Mariano Rajoy y destacados miembros de su gobierno- supondrá un “calvario” político por el PP. Después de las duras derrotas electorales del PSOE a Madrid, Castilla y León y Andalucía, el escándalo de esta burda operación policial y política puede ser una pelota de oxígeno para el presidente Pedro Sánchez, que sin duda aprovechará, y una seria traba en la carrera de Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa. Por lo tanto, su eco mediático está garantizado a la máxima potencia.
NUEVAS GRABACIONES
Los trabajos de esta comisión de investigación empezarán después de las vacaciones. Su creación viene motivada por la publicación de una nueva hornada de grabaciones –procedentes de la extensa fonoteca del comisario jubilado José Manuel Villarejo– que ha permitido perfilar, todavía más, los detalles de la operación Cataluña contra los líderes independentistas, emprendida durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. En especial, los que recogen sus reuniones con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la expresidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho.
Ambas grabaciones fueron hechos en vigilias de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012. De su contenido queda claro que, en primera instancia, la guerra sucia orquestada por la llamada policía patriótica –el grupo de agentes que fueron cooptados para participar en un grupo de operativos de carácter político para favorecer los intereses del PP– tenía por objetivo impedir la mayoría absoluta de CiU en estas elecciones, como así pasó.
LA PISTA ANDORRANA
Pero José Manuel Villarejo, en su conversación con Alicia Sánchez-Camacho ya le advierte que, una vez pasadas las elecciones, “habrá que seguir currando” y que “después del día 25 queda toda una guerra”. Según el análisis del entonces ministro Jorge Fernández Díaz, si se conseguía demostrar la participación de la familia Pujol en casos de corrupción, esto mataría de raíz el proceso independentista que se estaba cocinando en Cataluña.
En este contexto, resulta de vital importancia el testimonio de Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, que puso sobre la pista de la policía patriótica a la banca andorrana, como lugar donde los Pujol removían montañas de dinero cash. La necesidad imperiosa de obtener pruebas para salir adelante el sumario que había abierto la Audiencia Nacional es el que explica la operación que acabó con la confiscación de la Banca Privada de Andorra (BPA) por parte de las autoridades andorranas, en estrecha colaboración y coordinación con el gobierno de Mariano Rajoy.
TONI MARTÍ, CÓMPLICE NECESARIO
Las novedades que han aportado las últimas grabaciones conocidas del comisario José Manuel Villarejo han hecho que los hermanos Higini y Ramon Cierco –que eran los máximos accionistas de la BPA antes de su intervención– hayan hecho público un comunicado donde afirman que la destrucción del banco fue provocada por “una campaña ilegal de desprestigio lanzada conjuntamente por las autoridades andorranas y españolas”. En este sentido, aseguran que “BPA era el único banco con propietarios que no forman parte de la élite andorrana, y fue convertido en chivo expiatorio para proteger los otros bancos del escrutinio internacional”.
En la conchabanza contra la BPA, señalan los hermanos Cierco, colaboraron “”, entre otros, el exjefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, y su ministro de Justicia e Interior, Xavier Espot (foto), que en la actualidad es el máximo mandatario del país de los Pirineos. De hecho, a la Batllia de Andorra se está instruyendo una querella por prevaricación presentada por Higini Cierco contra Toni Martí, Jordi Cinca i Gilbert Saboya, tres de los integrantes del Gobierno que lideraba el Principado el 2015, cuando se intervino la BPA, y Albert Hinojosa, Maria Cosán y Òscar Gelabert, altos cargos que también participaron en la confiscación del banco. En los últimos días, los querellados han prestado declaración ante el alcalde instructor.
COMISIÓN ROGATORIA
Otra querella presentada por Higini Cierco, en este caso contra los miembros de la policía patriótica y los responsables políticos del Gobierno del PP que urdieron la destrucción de la BPA como vía expeditiva para obtener los datos bancarios de la familia Pujol, también está saliendo adelante. La batlle instructora, Stéphanie Garcia, ha enviado comisiones rogatorias en España para requerir la declaración de los imputados, entre los cuales hay el expresidente Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro.
En este contexto, la posición del jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, es especialmente delicada. Su familia, propietaria de la cadena de perfumerías Júlia, era accionista minoritaria de la BPA. Al producirse la intervención del banco, el Gobierno aprobó una ley a medida para proteger expresamente los intereses de la familia Espot. A pesar de que estaba directamente concernido, Xavier Espot no se inhibió, como sería preceptivo, en la reunión del consejo de ministros donde se aprobó este texto legislativo. Además, ha quedado acreditado que, en las horas previas a la confiscación de la BPA, el padre del actual jefe de Gobierno procedió a sacar dinero del banco, y se sospecha que tenía una filtración previa de aquello que pasaría.
LA CRISIS DE LOS LIBERALES
La colaboración activa de Xavier Espot en la operación política contra el independentismo catalán, que era el objetivo final que perseguía la intervención de la BPA, pone el jefe de Gobierno de Andorra en la diana. Además, su estabilidad parlamentaria se ve amenazada por la crisis que ha devastado su socio de gobierno, Liberals d’Andorra (LdA).
El Consejo General del Principado está formado por 28 diputados. Demòcrates per Andorra (DA), el partido de Xavier Espot, tiene 10 consejeros generales y ha gobernado los últimos tres años con el apoyo de los cuatro escaños de LdA y los tres de Ciutadans Compromesos (CC). La principal fuerza de oposición, el Partit Socialdemòcrata (PS), tiene siete consejeros generales.
XAVIER ESPOT, EN LA DIANA
El proceso de primarias que ha celebrado LdA para escoger el candidato en las próximas elecciones generales ha degenerado en una gravísima crisis interna que ha roto el partido. Resultado: los cuatro diputados que tenía al Consejo General se han dado de baja del partido y han anunciado la creación de una nueva formación política. También ha plegado el histórico dirigente Marc Forné, que fue jefe de Gobierno de 1994 a 2005.
El hasta ahora líder de los liberales, Jordi Gallardo, ocupa el cargo de ministro de Presidencia, Economía y Empresa del Gobierno y se ha convertido en la mano derecha de Xavier Espot. Los cuatro consejeros generales disidentes se han enfrentado a Jordi Gallardo, que ha decidido continuar formando parte de LdA. Esto crea una situación política muy precaria que puede precipitar el fin de la legislatura y la convocatoria anticipada de elecciones generales si los cuatro consejeros deciden retirar su apoyo al Gobierno, que quedaría en minoría.
La crisis de los liberales también tiene un impacto directo en Ciutadans Compromesos (CC) y se añade a la anunciada salida de dos pesos fuertes de DA, que ya han anunciado que no seguirán: el ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno, Èric Jover, y la síndica general, Roser Suñé. Los disidentes de LdA estarían negociando una amplia coalición, a la cual se podría añadir la cónsul de Escaldes-Engordany, Rosa Gili, para formalizar una candidatura a las próximas generales.
LA BATLLIA, EN RIDÍCULO
Las grabaciones, publicados por los diarios El País, El Mundo y Fuentes informadas, también ponen contra las cuerdas la Batllia y, en especial, el fiscal general, Alfons Alberca. De su atenta escucha se deduce que la confiscación de la BPA fue el punto culminante de una operación policial y política española hecha al margen de la ley por las “cloacas del Estado” en tiempo del PP.
Esto socava, de raíz, la legitimidad del juicio que se está haciendo al Tribunal de Corts contra 26 exdirectivos y exempleados de la BPA, que se retoma esta próxima semana. Que la Batllia está encubriendo y avalando, con la celebración de este juicio, la cadena de hechos delictivos que precedieron y propiciaron la intervención de esta entidad financiera es una constatación que deja los órganos judiciales andorranos como un trapo sucio.
TERREMOTO EN LES VALLS DE LA VALIRA
La combinación entre la comisión de investigación sobre la operación Cataluña en el Congreso de los Diputados con la celebración, en paralelo, del juicio de la BPA –centrado en el caso Gao Ping, que la Audiencia Nacional española todavía no ha juzgado- puede ser explosiva. Se constatará, negro sobre blanco, que la Batllia está haciendo un ridículo colosal al poner la sagrada soberanía de Andorra bajo el yugo de las “cloacas” policiales de Jorge Fernández Díaz.
En este terremoto político, judicial e institucional que sacude los valles de la Valira hay otra bomba a punto de estallar: se trata de la posible imputación de Jordi Cinca, el cerebro y arquitecto de DA, por su participación en el escándalo de los diamantes de sangre, vinculado al genocidio perpetrado en Sierra Leona y Liberia. El caso lo está investigando la Audiencia Nacional española, después de la presentación de una querella criminal por parte de un antiguo esclavo de las minas de diamantes que explotaba la empresa andorrana Orfund, en la cual Jordi Cinca ejercía tareas de dirección.
