La Fiscalía finalmente investigará la actuación policial de Marruecos y de España que el pasado 24 de junio acabó con la vida de 23 personas que intentaban atravesar la frontera hacia territorio español. Los hechos causaron muchos más heridos y, según las ONG locales, la cifra de fallecidos aumentaría hasta las 37 personas, aunque todavía se está pendiente de la evolución de los heridos más graves.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado este martes un decreto en el que encarga a la fiscal de sala coordinadora de extranjería, Beatriz Sánchez, una investigación sobre las circunstancias de los hechos.
Delgado actúa después de que la fiscala de sala haya elevado este martes por la mañana una comunicación solicitando la apertura de diligencias de investigación.
La decisión, según una nota de la Fiscalía, «se fundamenta en la trascendencia y gravedad de los hechos», que «pueden afectar a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas», así como en la «singularidad y complejidad de la investigación».
Justamente este martes, la ONU ha exigido a España y Marruecos una investigación «exhaustiva» de las muertes en Melilla. En un comunicado, el Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migrantes ha condenado los hechos y ha pedido a ambos gobiernos investigaciones «exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes» para determinar responsabilidades y «tomar medidas para garantizar el acceso» a la justicia de las víctimas y familias».
