Penas de prisión para los grafiteros que estropeen el patrimonio cultural de Barcelona. Así de contundente será el Ayuntamiento de la capital catalana que este lunes ha anunciado en rueda de prensa que intensificará la vigilancia contra las pintadas callejeras.
El consistorio reforzará la limpieza y pondrá el foco a los autores de los grafitis. La Guardia Urbana inicia una campaña de vigilancia y sanción para quienes infrinjan la ordenanza de civismo que prohíbe este tipo de pintadas con multas que oscilan entre los 300 y los 500 euros.
Lo cierto es que la policía ha interpuesto 141 sanciones administrativas en lo que va de 2022, pero a partir de este verano irán más allá y en ciertos casos pedirán penas de cárcel.
El teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, fue contundente: «No queremos que la imagen de la ciudad se vea afectada con paredes, persianas u otros elementos. Es un problema de limpieza, pero también de civismo», ha dicho. Batlle ha admitido que es la primera campaña sancionadora «con carácter disuasorio» para este tipo de daños que emprende el ayuntamiento.
Las pintadas en edificios patrimoniales protegidos, las que supongan un grave desperfecto que vaya más allá del «mero deslucimiento» podrán ser constitutivas de delito. También perseguirán los grafitis en el metro donde la acción supone un peligro e impide la circulación de los trenes afectados.
