La oposición conservadora al actual gobierno progresista propone una simbólica reducción de los impuestos en las franjas más bajas de renta, para apartar la atención de los bajos ingresos tributarios de las rentas del capital y del impuesto de sociedades. Lo propone obviando los incrementos del gasto público social y de sostenimiento de la actividad económica durante la pandemia. En el primer trimestre de 2021, por ERTO, se mantuvo la retribución a más de 3,1 millones de trabajadores, ayudas a 1,5 millones de autónomos, a PYMES y otros.
España destinó a ayudas de Estado (al margen de las de la UE) el 7,3% del PIB, una proporción de las más elevadas de Europa, donde la media fue del 3,9%. Es un incremento histórico del gasto público, al que hay que añadir el derivado de las ayudas por el aumento del coste de la electricidad, las ayudas para los transportes, y las medidas de protección sobre los imprevisibles efectos económicos y sociales de la guerra en Ucrania. Son actuaciones de protección y recuperación de las que el Partido Popular (PP) ha estado ausente, y en el peor de los casos, denigrando estas políticas en los foros internacionales.
El lugar destacado que hemos tenido en las ayudas de Estado –las “políticas nefastas” en palabras de Rajoy– contrasta con que somos un país que hasta 2018 ha ido reduciendo la presión fiscal hasta sólo el 34,7% del PIB, lejos del 41,7% del PIB de media en la zona euro. Las tensiones en la deuda pública y el aumento de la desigualdad es el precio que debemos pagar por tener un nivel impositivo a la cola de Europa. Reducir los ingresos impositivos y reducir la deuda pública y el déficit público al mismo tiempo son objetivos incompatibles, y una propuesta propia del mundo de la magia o directamente del engaño.
Esta insuficiencia fiscal y la injusta distribución de las cargas impositivas, junto con la devaluación salarial, la no revalorización de las pensiones y el desmantelamiento del Estado del bienestar, amplían la desigualdad inicial en la distribución de la renta y explican la concentración de la riqueza en pocas manos producida antes de 2018. Pero sólo pondré la atención en las consecuencias de la política fiscal.
El sistema fiscal es una herramienta para la distribución más justa de las rentas; por tanto, es un elemento básico del contrato social y ocupa un lugar central en las sociedades democráticas. Los impuestos permiten corregir desigualdades en la distribución de la renta nacional. Entre 2011 y 2018 la parte de la renta nacional destinada a remuneraciones salariales descendió del 49,21% al 45,4%, y la parte correspondiente a excedentes empresariales se mantuvo constante en el 44%. Aunque no siempre es así, el sistema fiscal también puede actuar en dirección contraria, aumentando la desigualdad. Esto, en primer lugar, es lo que ocurrió entre el 2011 y el 2018.
Los ingresos tributarios entre 2007 y 2018 agravaron la desigualdad inicial. Los procedentes del IRPF, sin arrendamientos, ni fondos de inversiones ni rentas de capital, y en términos de euros de valor constante, se mantuvieron constantes, con una pequeña reducción del 0,4%.
Lo contrario ocurrió con los ingresos por el impuesto de sociedades, que se redujeron en un 39,6%. La recaudación por el impuesto sobre sucesiones y el de patrimonio evolucionó de forma similar, con una disminución del 29,1%. La recaudación por IVA aumentó un 7,1%.
Destacan dos consecuencias: en primer lugar, el crecimiento de la acumulación de la riqueza. El 10% más rico de la población pasó de poseer el 48,9% de la riqueza total a poseer el 55%, al tiempo que el 90% restante de la población vio cómo su riqueza bajaba del 51% del total al 45%. La segunda consecuencia de la anemia fiscal fue que en 2018 el gasto sanitario público, en euros de valor constante, era el 5% inferior al de 2008, y el gasto público total en educación el 12,2 % inferior a la de 2007.
El programa electoral de 2016 del Partido Popular dice que tras los ajustes fiscales “España se ha visto obligada a sacrificar servicios públicos esenciales o sus pensiones”, por lo que admite, por tanto, la correlación entre reducción de ingresos tributarios y reducción de prestaciones y servicios públicos.
Es decir, la constatación de que, como dicen Sáez y Zucman, la injusticia fiscal y sus consecuencias son la negación de la democracia.
