El pasado 31 de mayo el parlamento ucraniano retiró la confianza y, en consecuencia, cesar en su cargo a Lyudmila Denisova, quien hasta entonces había sido su Defensora del Pueblo y, como tal, Comisionada de Derechos Humanos. Los diputados consideraron que había sido negligente en su labor de negociar y supervisar la apertura de corredores humanitarios para permitir la salida de refugiados de las ciudades asediadas y escenario de combates, de proteger los intercambios de prisioneros y, muy especialmente, evitar el secuestro de ciudadanos de Ucrania en los territorios ocupados. Una tarea casi imposible cuando enfrente no existe un negociador con voluntad de cumplir con los acuerdos alcanzados. Los ataques a las carreteras por donde debían pasar los autocares que debían permitir huir a los civiles de las zonas de combate han sido constantes y sólo se han respetado, más o menos, los pasillos que conducían hasta territorios controlados por las tropas rusas .
Pocos días antes de su cese Denisova había denunciado que según sus cálculos más de 1.300.000 ucranianos han sido deportados a Rusia y mostró datos facilitados por la propia administración rusa que cifraba los reubicados en su territorio en cerca de 700.000 personas. Su destino es el extremo oriente ruso. Muchos trabajarán, al menos así lo insinúa el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ucraniano Oleksiy Danilov, en la construcción de las nuevas ciudades que Putin quiere construir en Siberia y donde se plantea seriamente trasladar la capitalidad de la federación. Unos 40.000 de estos ciudadanos deportados serían de Mariúpol donde, según fuentes de Ucrania, muchos fueron separados de sus familias cuando iban a buscar la comida ofrecida por los ocupantes como ayuda humanitaria.
Para tratar de dar una pátina de legalidad a estos traslados, muchos de los afectados se ven obligados a firmar un documento donde se comprometen a no abandonar la ciudad de destino durante un período mínimo de dos años.
Las autoridades ucranianas también alertaron de secuestros en ciudades como Melitopol. Algunos de los relatos resultan estremecedores, La esposa de una de las víctimas explica que “un grupo de personas armadas llegaron a mi casa, ataron a mi marido y lo pusieron en el maletero de un coche. Dijeron que eran de la policía, pero ni siquiera se identificaron. Dijeron que le habían llevado al cuartel del ejército”. No es un caso aislado. La vuelta a la “vida normal” del secuestrado depende de la fortuna de la familia y oscila entre los 10.000 y los 30.000 dólares americanos.
Los adultos no son los únicos que sufren. Entre 120.000 y 200.000 niños han sido deportados. Muchos son huérfanos de las autoproclamadas repúblicas de Donestk y Lugansk, pero otros han sido arrancados de sus casas. Al menos esto aseguran algunas fuentes ucranianas que consideran que Rusia ha legalizado el secuestro de menores de edad a través de diferentes iniciativas legales de su ministerio de Educación, que permiten el traslado de estos niños para ser acogidos por familias rusas. Según Ucrania el gobierno de Putin tiene la intención de abrir campamentos especiales para niños deportados que acogerán a aquellos que no hablen ruso suficientemente bien. Campamentos que empezarán a funcionar este mismo verano y que tendrán graduados y estudiantes de secundaria de escuelas de Rusia como monitores.
La rusificación de los niños ucranianos es una de las obsesiones de Putin. En las escuelas de la recién ocupada Mariúpol ya se han eliminado los libros en ucraniano, especialmente los de historia, y se están cambiando por otros escritos en ruso. Es un paso hacia una posible anexión.
Un paso más adelante ya se ha dado en la región de Kherson, donde desde el 25 de mayo ha entrado en funcionamiento una doble circulación monetaria entre la grivna ucraniana y el rublo, a razón de dos rublos por grivna. Las tiendas que no aceptan la divisa rusa o, simplemente, no ponen el precio en ambas monedas, reciben fuertes amenazas. La intención es que en poco tiempo sólo se puedan realizar compras en rublos.
También se están empezando a repartir los primeros pasaportes de la Federación Rusa, unos documentos inútiles, porque en el improbable caso de poder viajar, prácticamente ningún país admitirá como válido un documento ruso de un ciudadano de un territorio que consideran parte de Ucrania.
