El Departamento de Educación de la Generalitat ha enviado este martes por la mañana a las escuelas un documento por correo electrónico con instrucciones y acceso a un cuestionario, el día que se agota el plazo que le marcó la justicia para que ejecute de forma efectiva la sentencia que obliga a las escuelas a impartir al menos un 25% de las clases en castellano.
Junto con el cuestionario, que consta de siete preguntas, la Generalitat informa a los centros docentes que en caso de responderlas positivamente todas, contado con el asesoramiento de la Inspección de Educación, se considerará válido y ajustado a la normativa vigente su proyecto lingüístico.
Si alguna respuesta es negativa, se informa al centro de que dispone del curso 2022-2023 de margen para modificar su proyecto. El plazo para responder al cuestionario se agota el 30 de junio.
Entre otras cuestiones, la Generalitat pregunta a las escuelas si el proyecto evita el uso de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas, y si prevé que el catalán sea la lengua vehicular normalmente y de uso normal en la acogida a un alumno recién llegado. También pregunta si el proyecto contempla el uso curricular del castellano y catalán, y si ha tenido en cuenta la realidad sociolingüística del centro.
El decreto aprobado este lunes por el gobierno catalán indica que el consejero Josep González-Cambray, firmante del documento enviado a las escuelas, es el responsable último ante la ley sobre la adecuación normativa de los proyectos lingüísticos, que valida Educación.
