El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han presentado de forma conjunta un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló la ordenanza municipal que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Según ha anunciado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, el recurso ya ha sido aceptado por el TSJC y se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto en los próximos seis meses.
Las tres administraciones han justificado la necesidad de mantener la vigencia de la ZBE bajo el argumento de que busca «proteger el bienestar de la población» y la salud pública de la contaminación del tráfico y, en este sentido, Badia ha destacado los estudios que indican que la polución causa 1.300 muertes prematuras en Barcelona. La documentación presentada al tribunal pretende demostrar la efectividad de la ZBE señalando que ha permitido rebajar «un 11% los niveles de contaminación» y que ha evitado «125 muertes anuales», y las administraciones inciden también en que la ordenanza sigue «las directrices de la Unión Europea» y que se ampara en la aprobación de la Ley de Cambio Climático.
El TSJC sentenció que la normativa sobre la ZBE es desproporcionada y que se excede en el ámbito geográfico de implantación, por lo que el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el AMB trabajan en una nueva. «Estamos actualizando la ordenanza actual para reforzarla jurídicamente. Será perfectamente acorde con la ley vigente y no estará en peligro», ha afirmado Badia. En este sentido, el director general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Marc Sanglas, ha advertido de que «no habrá ninguna sentencia que nos haga dar marcha atrás».
