El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados, este jueves, que aprobará una nueva ley de secretos oficiales, que sustituirá a la que está vigente desde 1968, y que reformará el control judicial previo sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un procedimiento bajo el foco tras el estallido del caso Pegasus.
Sánchez se ha comprometido a conseguir, de este modo, actualizar los procedimientos, evitar futuras brechas de seguridad y proporcionar a los ciudadanos más garantías para sus derechos individuales.
Según ha dicho, el actual sistema de control de España sobre el CNI es más garantista que los de los países de su entorno, pero ha añadido que se actualizará con mecanismos de control democrático en la línea señalada por el Defensor del Pueblo.
En su comparecencia en el Congreso, el presidente del gobierno ha defendido que es «impostergable» una nueva ley de secretos oficiales que «se adapte a los principios democráticos y constitucionales», así como una adaptación de la normativa vigente sobre el CNI, cuya ley reguladora es de 2002, para que no quede tecnológicamente atrasada.
Por otro lado, ha destacado que es necesario «incrementar» la capacidad del CNI para afrontar «ataques de servicios de inteligencia hostiles». En particular, Sánchez se ha referido a un refuerzo de la coordinación entre el Centro Criptográfico Nacional y los organismos de ciberseguridad, y también ha anunciado «mayores compromisos presupuestarios» para impulsar estos cambios.
