TV3 vuelve a recortar y a manipular el escandaloso acoso policial y judicial contra Rosell

FAQS le dedicó al caso poco más de tres minutos de las dos horas y media de entrevista con Villarejo, que acusó a Carmen Lamela de actuar a cambio de un ascenso y ofreció una versión no creíble sobre quien ordenó su arresto

José Manuel Villarejo

José Manuel Villarejo fue la estrella este sábado del FAQS de TV3, donde estuvo diseccionando con todo tipo de detalles y de conjeturas las entrañas de la ‘Operació Catalunya’, concebida y orientada desde lo más profundo de las ‘cloacas’ del Estado para desestabilizar el independentismo catalán, básicamente contra sus líderes políticos. 

Fue una intervención dos horas y media de las cuales sólo 3’43” estuvieron dedicados a la figura de Sandro Rosell, en una alusión escueta, mínima y superficial, un trato desde luego insuficiente en proporción al escándalo que supuso su persecución judicial y el récord establecido por la magistrada Carmen Lamela de prisión provisional por un presunto delito económico de esa dimensión.

TV3, una vez más, pasó de puntillas sobre un caso flagrante de ataque político contra Catalunya, encarnado en la figura del ex-presidente del FC Barcelona. FAQS cumplió con los mínimos exigibles en un programa producido por Mediapro, dedicándole apenas unas preguntas obligadas y un absoluto desinterés por el contenido y la naturaleza de las respuestas de Villarejo. 

“Al Barça había que desestabilizarlo –dijo el ex-comisario-. A la jueza Carmen Lamela se le prometió un ascenso de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo, como así ocurrió, a cambio de esas actuaciones. Estuvo de acuerdo en la propuesta y planteó esas condiciones”. Interrogado sobre quién estaba detrás de esa pretensión de castigar a Sandro Rosell, el ex-comisario Villarejo se mostró más impreciso, aludiendo a algún cargo del Ministerio del Interior y de la Policía, sin especificar.

No hubo más repreguntas ni curiosidad periodística por parte de TV3, pese a la escandalosa confesión sobre la directa implicación de una jueza, hoy perteneciente al Tribunal Supremo, en un registro domiciliario, bloqueo de cuentas, encierro preventivo y negación de fianza de un ciudadano que, pública y procesalmente, ha podido demostrar su absoluta inocencia.

No puede haber una acusación más grave contra un alto cargo de la judicatura ni una reacción más comedida de los periodistas presentes, pues la primera pregunta que cabía trasladar al invitado era por qué razón, si la policía y el aparato judicial a sus órdenes pretendía disparar con bala contra el Barça, en tanto que símbolo rebelde del soberanismo en Catalunya, no se ha producido en ningún momento, ni antes ni después, ninguna acción contra Joan Laporta, que fue presidente del Barça entre 2003 y 2010, luego oposición a Rosell, que dirigió el club entre 2010 y 2014, y que ha vuelto al palco del Camp Nou conducido en volandas por las fuerzas políticas y policiales del independentismo  catalán.

El relato de Villarejo y de la lectura que se ha hecho de los documentos de sus diarios sobre este espinoso y oscuro proceder contra Sandro Rosell sigue sin establecer verdaderamente un guión creíble y sin dar respuestas coherentes. 

Está claro, por ejemplo, que si un presidente del Barça ha exhibido su condición soberanista, incluso más allá de afirmar y trabajar para “poner al club al servicio de la independencia de Catalunya”, ese ha sido Joan Laporta. muy por encima de la catalanidad de Rosell, más identificada con la tradición histórica de la naturaleza identitaria y territorial del barcelonismo.

Laporta, además, estuvo flirteando con el abanico de los partidos independentistas (Esquerra, PI y otras formaciones como Reagrupament) hasta finalmente promover su propio partido y participar en dos elecciones, al Parlament y al Ajuntament de Barcelona, en ambos casos obteniendo representación y participando más o menos activamente en un mandato en cada institución.

Habría sido especialmente interesante conocer de boca de Villarejo los motivos, desde su perspectiva y conocimientos, por los que Joan Laporta sigue siendo intocable tanto para los responsables de la confabulación manifiesta de esas ‘cloacas’ del Estado como para los cuerpos de seguridad y la administración de justicia, mientras Josep Lluís Núñez, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu no pueden ni pasarse un semáforo en ámbar sin acabar en la cárcel o ser sometidos a unas campañas y represión mediáticas insoportables.

Tampoco cuadra del todo esa especie de lógica comúnmente aceptada por el justiciero Villarejo y la mercancía ‘confidencial’ vertida en algunos medios sobre sobre las consecuencias de esa coincidencia de soberanismo, catalanismo y presidencia del FC Barcelona. Parece claro que ni Núñez, Rosell y Bartomeu se habrían granjeado demasiados enemigos en la “policía patriótica” por su extremismo político en la defensa de la autodeterminación de Catalunya. Más bien al contrario, pues existen mayormente evidencias de que desde el propio Govern de la Generalitat y de su aparato independentista, también desde de sus pequeñas ‘cloacas’ y fondo de maniobra no oficial, fueron más bien víctimas y no beneficiarios. 

Sin embargo, siendo su implicación en el soberanismo nula, mediana, limitada o con matices, en cualquier caso, siempre se situó a años luz del exhibicionismo y voluntad política de Laporta, el único indemne y protegido de ese tipo de peligros.

Por otra parte, no es menos evidente que a Sandro Rosell le cayó encima todo el peso de una oscura trama política, policial y judicial cuando ya llevaba varios años desvinculado completamente del FC Barcelona, es decir sin capacidad ni pretensión de influir, liderar o colaborar en ningún tipo de frente soberanista, activo ni pasivo.

Rosell era un ciudadano completamente alejado de todo ese mundo cuando fue hostigado por Carmen Lamela, aferrada a una Comisión Rogatoria, vía FBI, en la que se buscaban culpables de corrupción en el mundo de los derechos de televisión de fútbol internacional. En ese mismo alegato figuraban Mediapro, su filial centroamericana, y Sandro Rosell.

Hoy se sabe que la estrategia procesal de Mediapro fue, desde el principio, pactar una sentencia condenatoria, o sea asumiendo su culpabilidad y el pago de una multa de 19 millones de dólares, un tipo de acuerdo común en la justicia americana a cambio de poco ruido mediático, pero con la condición añadida de revelar confidencialmente pistas sobre delitos cometidos por terceras personas. 

El entorno de Rosell siempre ha sospechado que podía haber algo más que una mera animadversión política en su vergonzosa detención y posterior condena carcelaria sin juicio, pruebas ni documento alguno indiciario del delito que supuestamente se la atribuía.

El propio Sandro Rosell, que dispuso en la cárcel de tiempo suficiente para conocer los entresijos de todo el sistema judicial, algunos de ellos sorprendentes, supo y tuvo constancia que en ese mismo ámbito había figuras, personas y empresas ‘intocables’, es decir otros personajes eméritos, inviolables ante la policía y la justicia, que no tienen ni siquiera la necesidad de huir a Abu Dhabi para auto-extraditarse.  Esos otros “eméritos” tienen montado aquí su propio “paraíso” económico, financiero, fiscal, mediático, político, policial y judicial. 

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