El gobierno de España ha descartado desclasificar material relativo al caso Pegasus por iniciativa propia y ha condicionado, por boca de la ministra y portavoz, Isabel Rodríguez, una desclasificación sobre ese asunto, relativo a la intervención de comunicaciones a independentistas, a la petición previa por parte de un juez. Se trata del planteamiento que ya había defendido la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Rodríguez ha explicado esta postura en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros extraordinario celebrado este viernes, en la que ha afirmado que el gobierno es partidario de la desclasificación «si, en el ámbito de la Justicia, nos lo piden». Además, ha defendido que la voluntad del gobierno es «abordar esta situación con absoluta transparencia».
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, había exigido que se desclasificara la autorización del Tribunal Supremo al CNI para intervenir las comunicaciones de independentistas, ya que la considera «imprescindible» para «ejercer mi derecho de defensa». En la comparecencia de Rodríguez no se ha anunciado, por otra parte, ninguna fecha para un encuentro entre Aragonés y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.