El Parlamento de Cataluña ha empezado a pagar las 12 licencias por edad que estaban paradas desde que se conoció que la Cámara destinaba 1,7 millones de euros anuales a remunerar a funcionarios mayores de 60 años que seguían cobrando sin trabajar. La comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara acordó la supresión de este privilegio, también en el caso de las solicitudes pendientes de resolución, y los letrados del Parlament hicieron un informe avalando la medida pero, según ha avanzado Ara, la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, defiende que las licencias autorizadas no pueden tocarse porque podría haber denuncias contra el Parlament.
Pese a que el informe de los letrados no lo señala, Borràs asegura que se trata de «derechos automáticos» y «consolidados», y cree que la supresión de las licencias debe aplicarse en un «futuro», de modo que los trabajadores que la pidieron cuando estaba vigente puedan gozar del privilegio. Esta decisión ha contado con el apoyo de Junts y ERC. La secretaria segunda de la Mesa, Aurora Madaula (JxCat), ha considerado que «no es justo establecer un régimen retroactivo respecto a quienes están disfrutando de la licencia», mientras que la vicepresidenta de la Mesa, Alba Vergés (ERC), ha pedido tiempo para negociar con los funcionarios, ya que tocar las licencias «afecta directamente a la vida de las personas».
El PSC y la CUP son las únicas formaciones que se han manifestado a favor de revocarlas. Según explica el citado medio, en el acta de la Mesa del 22 de marzo consta también que la vicepresidenta segunda, Assumpta Escarp (PSC), afirma que «las licencias autorizadas que tenían los efectos diferidos son revocables y no deberían concederse «, a la vez que apuesta por un régimen de compensaciones en cuanto a las 21 vigentes. Por su parte, el secretario tercero de Mesa, Carles Riera (CUP), defiende acabar con todas las licencias, pero tras una «negociación colectiva» con los trabajadores.
