El expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente primero del Parlamento de Cataluña Josep Costa han anunciado que presentarán una demanda contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y contra el ejecutivo central, a los que responsabiliza de un espionaje mediante el programa Pegasus.
Con esta reacción se desmarcan de la mayoría de los otros presuntos espiados, quienes anunciaron que dirigen la primera acción en los tribunales contra NSO, la empresa israelí responsable de Pegasus, el programa de intervención de comunicaciones con el que, según una investigación de Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto, España intervino las comunicaciones de al menos 65 figuras del independentismo y su órbita.
La oficina de Torra ha explicado, en un comunicado publicado este martes, que el análisis de Citizen Lab sobre los terminales “institucionales” que utilizaron ambos ha confirmado ocho infecciones a Torra en 2020 y cuatro a Costa en 2019, “siempre en momentos política o judicialmente sensibles”. El comunicado justifica que la demanda se presenta contra Sánchez aduciendo que es el «máximo representante y responsable de los servicios de inteligencia del Estado español», y adelanta que se aportará «como prueba principal» el informe de Citizen Lab.
Torra y Costa, asimismo, concretan que ya han presentado un requerimiento contra el gobierno español y contra Sánchez «exigiendo el cese de la vulneración de sus derechos fundamentales como víctimas del espionaje ilegal», y que interpondrán una demanda ante el Tribunal Supremo «de protección de los derechos fundamentales» contra el presidente español y su gobierno.
Por último, prevén presentar otra por vulneración de derechos fundamentales contra España ante el Tribunal de Estrasburgo “cuando se haya inadmitido o resuelto el recurso de amparo en el Tribunal Constitucional”.
El expresidente catalán y el exvicepresidente del Parlamento de Cataluña acusan a España de vulnerar seis derechos fundamentales previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y exigen no sólo “la desclasificación de toda la información y documentación del caso”, sino también conocer “qué información han obtenido con el espionaje, quien lo ha conocido, cuál se ha destruido y cuál se ha conservado”.
