La actuación o, mejor dicho, la persecución de la directiva de Joan Laporta contra las “penyes”, con el único objetivo de deshacer su organización, desmantelarlas y reducirlas a la mínima expresión en cuanto a servicios y atención, ha entrado definitivamente en un callejón sin salida que ha puesto de relieve, sobre todo, el cinismo, la hipocresía y la nula sensibilidad social de la junta actual.
A la única salida posible de la Confederació Mundial de Penyes, que no ha tenido otra alternativa que presentar dos demandas civiles para defenderse de los repetidos atropellos sufridos desde la llegada de Laporta a la presidencia, el aparato de comunicación del club ha respondido, como se esperaba, con manipulación y nuevos embustes.
En primer lugar, recurriendo a la dialéctica más absurda acusando a las “penyes” de haber demandado al FC Barcelona como si esa acción fuera un hecho criminal y el paradigma del anti-barcelonismo.
También se ha fomentado desde los despachos del club que sí son buenas barcelonistas las “penyes” que se separan de la Confederació y no lo son aquellas que siguen legítimamente integradas en una asociación legal, democrática, reconocida por el FC Barcelona en sus estatutos, que no sólo no se financia con el dinero de sus “penyistes” afiliados, sino que cada año aporta al PIB azulgrana entre 6 y 10 millones.
El planteamiento infantil de que las “penyes” son el “demonio”, porque han dado el paso de acudir al juzgado para defender sus derechos y recuperar el respeto debido, sólo puede tener su origen en la perversa y maligna actitud de un presidente que ya las engañó en su anterior mandato y que, como prometió, lo ha vuelto a hacer ahora.
En sus contactos, reuniones y actos de campaña, Laporta no sólo pidió perdón por su beligerancia y desprecio a las “penyes” exhibido entre 2003 y 2010. También prometió sostener y mantener la Confederació dentro de los márgenes estatutarios y cumplir con el convenio que regula su relación.
La pregunta no es si las “penyes” son buenas o malas, lo que debe inquietar al barcelonismo es la personalidad esquizofrénica del presidente, en el caso de que ya no recuerde aquellas promesas, o la maldad y la violencia de un acto tan abyecto y vil como echar al personal de “penyes” del club, cortar de raíz el convenio con la Confederació y además presentar a la asamblea de compromisarios una propuesta para su liquidación, desamparo y exterminio.
Alguien que además firmó un documento de compromiso, como lo hizo el Joan Laporta candidato, para convencer a los “penyistes” de que había cambiado y que verdaderamente sentía afecto y vinculación por las “penyes”, ese giro radical en su contra demuestra hasta qué punto le gusta y disfruta traicionando a los barcelonistas, en este caso un colectivo que se dejó engatusar y caer de pleno en la trampa las promesas y de la verborrea de Laporta por segunda vez.
No sólo es capaz de apuñalar por la espalda a quien acaba de abrazar, un clásico de su personalidad, sino de acusar encima a las “penyes” de atacar al club con demandas judiciales.
Para las “penyes”, en efecto, ha sido un paso doloroso, difícil y postergado largamente después de meses de presentar la otra mejilla, pedir diálogo, tender puentes y buscar una salida negociada en la que han propuesto renunciar incluso al pequeño sostén económico previsto en el convenio. Han planteado renunciar a todo excepto a su derecho de pertenencia y de asociación a la Confederació Mundial de Penyes, su propia organización felizmente construida después de muchos años de trabajo, esfuerzo y constancia y sobre todo de fe y convicción en un barcelonismo activo y comprometido al que voluntariamente se han apuntado más de 150.000 culés de todo el mundo.
Como reacción a un año de continuas agresiones y acciones de propagandismo barato en su contra, la Confederació se ha visto en la obligación de interponer dos demandas defensivas que, técnicamente, han de ir dirigidas nominalmente contra el club. Si hubiera otra fórmula legal de contraatacar a los impropios y xenófobos ataques de Joan Laporta y de su junta es seguro que lo hubiera hecho.
No obstante, las demandas de barcelonistas que formalmente han sido dirigidas contra el FC Barcelona han sido relativamente habituales a lo largo de los últimos años a partir de que el control y el poder del club se convirtieron en un objeto de deseo para quien estaba fuera y lo ambicionaba o en un aparato de manipulación y abuso para quien ostentaba el gobierno del club.
El primero en demandar al FC Barcelona con el propósito de erosionar la presidencia fue Joan Laporta siendo líder del Elefant Blau y en contra de Josep Lluís Núñez. En respuesta a la iniciativa de Laporta, el Juzgado de Primera Instancia n. 49 de Barcelona desestimó una demanda del Elefant Blau que reclamaba el listado de compromisarios elegidos en 1998.
También el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictaminó que el plazo de recogida para avalar la moción de censura era de 14 días. El Elefant Blau consideraba que el plazo era ‘sine die’, aprovechando el vacío legal. El Elefant Blau recogió las firmas durante casi tres meses. El juez los condenó incluso a pagar las costas.
Sobre este mismo proceso, la Secretaria d’Esports de la Generalitat rechazó un recurso de Laporta en el cual pretendía demostrar que poner el cargo a disposición del presidente suponía una dimisión en bloque. La resolución de la Generalitat lo negó, estimando que la directiva hubiera infringido los estatutos. Sería largo de enumerar el continuo acoso legal, eso sí sin éxito, que Joan Laporta promovió en el marco de su campaña de oposición contra Núñez.
Joan Laporta, años más tarde, en 2010, interpuso una demanda contra el FC Barcelona de impugnación de los acuerdos de la asamblea de compromisarios en la que se aprobó la liquidación de la temporada 2009-10 con unas pérdidas de 84 millones atribuibles a la gestión de la anterior junta. Laporta y el resto de los directivos perdieron esa demanda en primera instancia y también en la Audiencia Provincial, elevando a firmes e inamovibles esas pérdidas y el saldo negativo de su mandato a 47,6 millones.
Otros socios del FC Barcelona han entendido que no había tampoco otra manera de defender los intereses del club y los estatutos que acudiendo a los tribunales, como hizo dos veces Oriol Giralt. La primera, reclamando la convocatoria de elecciones en 2006 por entender que Joan Laporta había cumplido su primer mandato de cuatro años el 30 de junio de 2006. El juez obligó a la convocatoria inmediata de elecciones para subsanar lo que sin duda era un incumplimiento estatutario y una grave infracción por parte de la junta directiva.
Años más tarde, concretamente en 2008, en pura venganza por el voto de censura promovido por Oriol Giralt frente a la ineptitud y manifiesta incapacidad de la junta de Laporta para gobernar, la comisión de disciplina, por orden del presidente, firmó una resolución de expulsión de socio que fue impugnada y ganada arrolladoramente por Giralt.
La cantinela de que sólo los socios ‘malos’ demandan al club no se aplica en cambio cuando, por ejemplo, fue Johan Cruyff el que demandó al club cuando Núñez era presidente. Naturalmente, si consideraba vulnerados sus derechos y su relación contractual con el Barça estaba en su derecho. Los tribunales, sin embargo, no le reconocieron el derecho a una indemnización superior y sí la obligación de que le fuera dedicado un partido de homenaje.
