“A día de hoy, poder acceder y mantener una vivienda digna marca la diferencia. Nos divide entre las personas que pueden disponer de un hogar, de un lugar en el que sentirse seguras, protegidas y desarrollar su proyecto vital, y las que quedan excluidas. El sinhogarismo incluye casuísticas que a menudo pasan desapercibidas para el resto de la sociedad, pero que generan un sufrimiento y una angustia elevadas a quien las vive en carne propia. Vivir en una vivienda insegura, de la que te pueden echar en cualquier momento y sobre la que no puedes disponer de ningún título acreditativo, genera miedo e inestabilidad extrema. Del mismo modo, vivir en una vivienda inadecuado, insalubre o en condiciones de hacinamiento, vulnera de forma flagrante el derecho a una vivienda digna que tenemos todas las personas”.
Así comienza el informe «Insocat para la mejora de la acción social», impulsado por la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) y realizado por el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Diocesana de Barcelona. Nos explica que en Catalunya se estima que hay 915.000 personas que viven en una vivienda insegura y 1,3 millones que lo hacen en una vivienda inadecuada. Estamos hablando de 329.900 hogares y 355.200 hogares respectivamente. En Cataluña viven unos 7,7 millones de personas. Una de cada seis lo hace, por tanto, en una vivienda que no corresponde a las necesidades de una vida digna.
Leemos en el informe que «la vulnerabilidad residencial condiciona la salud física, mental y emocional de las personas, que ven restringidas sus capacidades con el consiguiente impacto en sus relaciones familiares y personales, así como en la crianza de los hijos e hijas». Y también nos golpea con el dato de que el 29,1% de la población catalana está en situación de exclusión. Se trata de 2.260.000 personas, un millón más que hace cuatro años.
ECAS pone deberes a los gobernantes: Incrementar la vivienda protegida, destinar el 1% del PIB a políticas de vivienda, comprar y captar vivienda privada, dotar de más recursos a la Mesa de Emergencia, otorgar ayudas al alquiler, contraprestaciones y sanciones a los grandes tenedores, refuerzo del paraguas jurídico, abordaje del sinhogarismo, aplicación sin restricciones del empadronamiento, instrumentos e incentivos fiscales y protección a colectivos en situación de vulnerabilidad (personas migradas, personas mayores y juventud, familias monoparentales e infancia, salud mental y discapacidad).
Esta es la Cataluña que tenemos. ¿Son conscientes de ello nuestros gobernantes?
¿Lo somos todos?
