Al día siguiente de Sant Jordi, el ministro Félix Bolaños regalaba a la consellera Laura Vilagrà el libro de Sherry Turkle, En defensa de la conversación. Las reseñas de la efeméride no hacen constar ningún presente de la parte catalana -habrían podido contraatacar con el libro de Roger Torrent, Pegasus-. Vilagrà y Bolaños habían quedado para conversar, precisamente, de Pegasus. No del libro, sino del software espía, con el que se ha vigilado a activistas y políticos independentistas, además de periodistas y abogados. Bolaños exhibió el libro durante el encuentro -muy largo pero infructuoso-, pero no lo libró hasta el final. En el estudio, Turkle -psicóloga clínica y socióloga del Instituto Tecnológico de Massachusetts-, después de pasar muchos años estudiando la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra comunicación, nos muestra las consecuencias de una derrota total de la conversación cara a cara; según la autora, el riesgo que corremos al perder el contacto visual con la persona con la que conversamos y el lenguaje espontáneo y cercano puede convertirse en un desastre de proporciones enormes.
Aunque la conversación fue cara a cara, con contacto visual, el resultado fue también un desastre, como lo está siendo en general el llamado Catalangate. La interlocución no se hizo en el sofá de la consellera -así suele recibir las visitas-, sino en una mesa con los comensales sentados en sendas sillas -como las de la portada del libro de Turkle-, dispuestas en los extremos; no tan larga como la de Putin, esto es cierto. La otra particularidad es que la consellera exigió que el encuentro se celebrase sin móviles -Pegasus se aprovecha de debilidades de seguridad para crackear dispositivos y teléfonos móviles-.
El gobierno español, y en nombre de él, Bolaños y el propio presidente Pedro Sánchez, han tratado de gestionar el desbarajuste con la máxima fineza posible, tratando de templar los ánimos, no en vano se juegan la legislatura. Sin embargo, la moderación saltó por los aires el miércoles cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, lanzaba la siguiente pregunta: “¿Qué debe hacer un Estado, qué debe hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está manteniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”. Al ser retórica, nadie respondió a la pregunta. En cualquier caso, supongo que la respuesta adecuada sería: lo que la ley le permita. Hasta Robles, se especulaba con servir a ERC, en bandeja de plata, la cabeza de la máxima responsable del CNI, como máximo trofeo de caza; ahora, la ministra, con su confesión, que incomoda especialmente a los suyos, sube el precio de la resolución y se sitúa en el punto de mira. Sin embargo, nada ocurrirá, si algo debe ocurrir, hasta después de las elecciones andaluzas.
Entiendo y comparto la ira del Govern y de los espiados por el espionaje al por mayor, incluso que quieran quemar puentes con quien consideran el instigador del abuso si éste no rinde cuentas -hay que vigilar, sin embargo, qué quemas y a quién afecta el incendio-. Lo entiendo, como en su día no entendí que el Govern no facilitara una comisión de investigación por el espionaje de los Mossos d’Esquadra. Cuando a uno no le gusta el sol, no le gusta en la playa, pero tampoco en la montaña.
