NSO, la empresa israelí que comercializa el programa Pegasus, es el objetivo de las primeras querellas que presentarán los independentistas que, a partir de una investigación de Citizen Lab, se declaran víctimas de un ciberespionaje efectuado con este programa de intervención de comunicaciones.
Cuatro abogados, Gonzalo Boye, Benet Salellas, Andreu Van den Eynde y Antoni Abat, que representan los intereses de afectados de lo que el independentismo ha denominado Catalangate, han anunciado que presentarán las querellas en varios juzgados.
Atribuyen a NSO una falta de diligencia en el expediente previo o el control del uso que hacen de Pegasus los clientes. En este sentido, aducen que Estados usuarios de NSO no han hecho un «buen uso» de determinadas licencias.
En el caso de que no prospere esta acusación, que se dirige en principio contra NSO como persona jurídica, prevén considerar a la empresa cooperadora necesaria porque aseguran que la información de las personas presuntamente espiadas transitaba por los servidores de NSO antes de llegar a los clientes usuarios de Pegasus.
Por otra parte, las querellas también piden que se investigue qué agencias gubernamentales pueden estar implicadas. Boye ha afirmado que «una cosa es investigar unos hechos delictivos y otra es espiar», y que «aquí no ha habido ninguna investigación de hechos delictivo». Por su parte, Salellas ha señalado la posible responsabilidad del CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil después de que Citizen Lab y los dirigentes independentistas, durante los últimos días, hayan acusado insistentemente al CNI, hayan responsabilizado al gobierno de España y hayan exigido la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
