La amenaza está servida: o el gobierno de Pedro Sánchez responde al Catalangate con dimisiones o ERC votará contra el decreto de medidas para paliar el impacto económico de la guerra de Ucrania, una propuesta que el gobierno español prevé llevar el jueves al Congreso de los Diputados.
La amenaza la ha pronunciado la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta. Ella, como antes había hecho la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha advertido de que la legislatura de Sánchez pende de un hilo. «Pueden peligrar todas sus iniciativas», ha dicho Vilalta. Y cuando dice todas, incluye también el decreto de la guerra, tan necesario para afrontar la crisis económica derivada del conflicto en Ucrania. También, la reforma de la ley mordaza y la tramitación de la ley de memoria histórica.
Por su parte, el PSC ya ha avisado de que los republicanos cometerían un «error muy grave» si, priorizando el agravio por el Catalangate, se oponen al plan de la Moncloa para paliar los efectos económicos de la guerra. «Sería un nuevo error de ERC», ha afirmado Lluïsa Moret, viceprimera secretaria de Organización y Acción Electoral del PSC, después de la reunión de la ejecutiva del partido.
Ante el conflicto de espionaje, los socialistas entienden que primero deben aclararse los hechos. «Tan comunes como ERC se sitúan al final del proceso y apenas lo acabamos de empezar», ha expuesto Moret, que ha calificado de «grave» al Catalangate, pero, al mismo tiempo, ha subrayado que el gobierno español se ha movido. «Cuando se aclare lo ocurrido, en función de las actuaciones y los resultados, se tendrán que tomar las decisiones que toquen. Pero estamos al inicio del proceso. Situarnos al final es instrumentalizar un tema en el que se está actuando», ha concluido.
