El presidente Pere Aragonès ha aparecido esta tarde en el Palau de la Generalitat para denunciar el espionaje a sesenta políticos, periodistas, abogados y activistas independientes entre 2017 y 2020. El presidente de la Generalitat ha sido uno de los afectados por el software Pegasus, creado por La compañía del Grupo Israelí NSO, y junto al Vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, y el resto de los consellers han advertido que «este caso de espionaje y la forma cómo lo enfrente al gobierno puede tener consecuencias políticas».
El presidente Aragonès anunció que llegará al final y que llevarán el catalangate a los Mossos d’Esquadra y a la agencia de ciberseguridad para investigar a fondo quién ordenó el espionaje a más de 65 líderes y activistas independientes. «Iremos al final. No descansaremos hasta que todas las personas que hayan participado en este espionaje respondan ante la justicia» también brindaremos apoyo legal a los trabajadores públicos afectados.
Aragonès dice que no pueden confiar en el gobierno español: «espiar ilegalmente al adversario político nos aleja mucho de la resolución del conflicto con el estado». Además, les pide que den explicaciones y actúen con la máxima transparencia para averiguar quién ha ordenado este espionaje. El vicepresidente Puigneró ha sido más contundente: «Como Govern, no normalizaremos las relaciones con un estado represivo que entra en nuestra privacidad». Sentencia de que «España ya no es una democracia plena, no cumple con las normas europeas mínimamente exigibles».
Todo en un día en el que el independentismo ha anunciado desde Bruselas que llevará el caso a la UE, la ONU y los tribunales de seis estados diferentes. Aunque el software de espía israelí solo puede ser comprado por los estados y todas las pistas apuntan a la CNI, el gobierno español se lava las manos e Interior ya han negado las acusaciones.
