La proposición de modificación de las “Lleis 1/1998 i 35/2010” consensuada por el PSC, ERC, JxCat y ECP, supone un paso histórico en la regulación de las lenguas oficiales de Catalunya en el sistema educativo. Por primera vez la legislación catalana reconocerá que el castellano también es lengua vehicular en los términos que establezca el Proyecto Educativo de cada centro. Esta reforma es un paso relevante para erradicar el uso de la lengua como herramienta de demarcación identitaria y de confrontación política.
Ya en el 1983, La ley de Normalización Lingüística requirió consensos entre dos visiones sobre cómo abordar la realidad bilingüe de la sociedad catalana: desde el campo nacionalista (CiU i ERC) propusieron un modelo bicultural de dos líneas basado en la vinculación de la lengua a la identidad, mientras que para la izquierda (PSC, PSUC) la preocupación central fue la de buscar espacios de integración y evitar que la lengua fuese un espacio de división horizontal en dos comunidades y de segregación vertical clasista.
La ley aprobada, prácticamente por unanimidad, fijó dos criterios: el catalán como lengua propia de Catalunya, lo es también de la enseñanza, y todos los niños, cualquiera que sea su lengua al finalizar la enseñanza obligatoria, deben poder utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano. Hay que señalar, que el concepto de “lengua propia” se ha vuelto problemático en la medida en la que ha sido utilizado para definir una identidad específica del ser catalán. Por otro lado, lo que se definió como “inmersión” o modelo de aprendizaje fue su carácter integrador de red única en una sociedad bilingüe, y en ningún caso debía perseguir la substitución lingüística, -el recreo en la escuela- porque la identificación con la primera lengua pertenece a las opciones personales de cada cual en sus relaciones sociales y afectivas.
El nacionalismo etno-lingüístico utiliza la lengua como un elemento central y definitorio de la identidad, buen ejemplo de ello fue La Ley de Política Lingüística de 1998 que “blindó” el sistema de inmersión consagrando el catalán como única lengua «vehicular» con la exclusión del castellano. Sea catalán o sea español, este nacionalismo hace una defensa del monolingüismo y de la substitución lingüística como una manera de imponer una identidad sobre la otra. La proposición de modificación de esta ley ha tensionado las costuras de este nacionalismo que se mueve entre la necesidad existencial de su discurso lingüístico y la realidad bilingüe de la sociedad catalana. En su reacción hemos podido leer expresiones como: “El idioma es un aspecto troncal de la nación catalana, a la cual singulariza e identifica”, y es “un elemento fundamental de nuestra identidad”, por lo que “es necesario blindar el catalán”; “constatem que l’única manera de protegir i garantir la pervivència de la nostra llengua és assolir la república catalana independent”
La secuencia es la siguiente: La pertenencia a la nación viene dada por la lengua que define nuestra identidad, el catalán. El castellano -lengua impuesta-, no forma parte de esta nación, por lo que es necesario un proceso de substitución lingüística, y dada la envergadura de semejante empresa, se hace imprescindible un estado propio. Lengua, nación y estado propio como elementos centrales del cuerpo doctrinario, casan mal con la propuesta de modificación legislativa que reconoce al castellano como lengua vehicular rectificando la Ley de 1998.
Desde el punto de vista federalista es necesario reconocer la realidad bilingüe de Catalunya y establecer unos consensos en el ámbito de la educación que permitan un reconocimiento y convivencia pacífica de las dos lenguas con un apoyo específico a la lengua que, por razones demográficas y de peso a nivel global, es minoritaria. Un reconocimiento que tendría que ser reflejo de una tolerancia activa y de aprecio por un patrimonio común.
Para el federalismo, este camino debe ir acompañado de un gran pacto lingüístico que culmine en el reconocimiento y articulación del Estado plurilingüe que es España, para poder combinar de forma equilibrada las realidades particulares de cada comunidad autónoma con aquello que compartimos todos. Un pacto basado en la lealtad, el respeto a la diversidad, la libertad, la igualdad, y la fraternidad.
