La deuda energética se acumula por la falta de acción del Gobierno catalán

El sector social reclama al ejecutivo de la Generalitat la creación del Fondo de Atención Solidaria, pendiente desde 2021

Francina Alsina

Desde el 1 de enero de 2021, el Fondo de Atención Solidaria tenía que hacer frente a las deudas acumuladas por las personas o familias en situación de pobreza energética en Cataluña. A día de hoy, la Generalitat todavía no ha creado este fondo económico, y la deuda acumulada por las más de 35.000 familias catalanas con informe de vulnerabilidad social ya se eleva a 19 millones de euros.

La creación del fondo se enmarca en el convenio de cooperación subscrito por el Gobierno catalán y Endesa el 3 de abril de 2021. Ahora hace un año, la Generalitat definió este convenio como un acuerdo histórico, y anunciaba que suponía la regulación, por primera vez, de la aplicación de la ley 24/2015, de medidas urgentes, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, para impedir así el corte del suministro energético a las familias más vulnerables.

Según el convenio firmado, Endesa asumía el 100% de la deuda acumulada de las familias entre 2015 y 2018, y el 50% de las facturas impagadas por las familias con informes de vulnerabilidad social durante el periodo 2019-2020. A partir del 1 de enero de 2021 y hasta la actualidad, la deuda tenía que ir a cargo de un Fondo de Atención Solidaria que, un año después del acuerdo, es inexistente.

El Fondo de Atención Solidaria tendría que ser financiado “como mínimo en un 50%, por Endesa, y como máximo en un 50%, por las administraciones públicas”. La voluntad, según el convenio, es que “las administraciones públicas se corresponsabilizarán junto con las compañías para afrontar las obligaciones de dar cobertura en forma de ayudas, atención y apoyo a las personas y los hogares acreditados como vulnerables a efectos de no generar deuda”.

La deuda existe y está creciendo, mientras que el fondo no se ha creado y no está financiando ninguna factura energética. Entre las deudas acumuladas, según regula el acuerdo, hay los clientes vulnerables severos en riesgo de exclusión social, situados en el bono social, con un grado de cobertura que va desde el 100% hasta el 50%. Otras facturas incluidas en este apartado son clientes vulnerables, sin bono social, pero con planes individuales de atención de servicios sociales.

La falta de actuación de los departamentos de Asuntos Sociales y Empresa ha generado que las liquidaciones previstas, según preveía la operativa del convenio, estén pendientes desde el primer trimestre de 2021, y por tanto se están acumulando cuatro trimestres.

El incumplimiento de la Generalitat ha obligado el sector social a reclamar públicamente su ejecución inmediata. En declaraciones a EL TRIANGLE, la presidenta de la Mesa de entidades del Tercer Sector Social, Francina Alsina, ha denunciado que “la deuda acumulada está quedando al descubierto desde 2021” y “no tenemos ninguna información del Govern sobre la creación del fondo, y esto nos quita el sueño y nos hace sufrir”. Francina Alsina se pregunta “qué pasará ahora, cuando vemos que el 30% de la población catalana vive en exclusión social según el informe Foessa-Cáritas; la pandemia ha llevado un millón de personas más a la pobreza; el mercado laboral es muy precario y vivimos una situación social sin precedentes”.

A todo esto, hay que añadir el impacto de la guerra de Ucrania, que ha incidido en los precios de la energía, en los precios de los productos básicos y en un fuerte incremento de la inflación. Alsina considera que “es muy fuerte” que Cataluña esté en la cola de España en relación con el índice relacionado con la situación de pobreza y de exclusión social.

Según destaca la presidenta de la Mesa, “Cataluña está al nivel de Gran Canaria y por debajo de Andalucía o Extremadura.” Según el informe Einsfoessa Exclusión y Desarrollo social en Cataluña 2021, Cataluña encabeza el porcentaje más alto de exclusión de toda España: supera la media estatal del 23% y se sitúa en el 29%.

La presidenta de la Mesa, que reúne más de 3.000 entidades sociales, sostiene que “es el momento de abordar la situación de cara e impulsar políticas estructurales, porque hasta ahora solo vayamos remendando”. Para Alsina, “hay que revertir la política que se está haciendo porque las políticas sociales no han funcionado”. Pide al gobierno catalán que utilice los instrumentos que ya tiene a su alcance: “El convenio con Endesa era muy bueno, y hace falta que se cumpla al 100%. Hace falta que entren Naturgy e Iberdrola, como estaba previsto, porque las tres compañías reúnen más del 80% del mercado actual en Cataluña”. Aparte, también es importante, para Francisa Alsina, que funcionen y encajen la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital para poder afrontar la grave situación social en que nos encontramos.

(Visited 57 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
WhatsApp

avui destaquem

Deja un comentario