Porque “Alerta Solidària es parte del movimiento de la izquierda independentista y defienden los Països Catalans. Nosotros, en cambio, queremos la autodeterminación de todos los pueblos del Estado”. Así lo explican David Budria y Clara Borrero, dos de las trece personas vinculadas a los Comités de Defensa de la República (CDR) que el juez Manuel García-Castellón ha procesado bajo la acusación de pertenencia a organización terrorista. La Operación Judas se puso en marcha el 23 de septiembre de 2019 con las primeras nueve personas detenidas en diversas poblaciones del Vallés Orienta, el Vallés Occidental y Osona. Alerta Solidaria se hizo cargo de la defensa de los detenidos y procesados desde el primer momento.
Budria y Borrero achacan a una “diferencia de matices en los posicionamientos políticos” con el colectivo Alerta Solidària la razón del cambio de defensores. «No es que no nos gustara la defensa que hacía Alerta Solidaria, pero pensábamos que estaríamos más cómodos con los nuevos abogados porque están más cerca de nuestro discurso y los ideales», ha afirmado Budria. La ruptura con Alerta Solidària, que se define como una organización antirrepresiva de la Izquierda independentista de los Països Catalans, no implica, según los dos procesados que han cambiado de abogados, que se haya producido un enfrentamiento con el equipo que les había defendido hasta ahora.
De su defensa se encargan ahora Alejandra Matamoros, Juan Manuel Olarieta y Diego Herchhoren, que, entre otros casos, han defendido al del rapero Pablo Hásel.
