A Joan Laporta le ha venido muy bien el clamor de la guerra para abandonar a los niños de UNICEF, que costaban 7 millones menos que los refugiados de ACNUR, y también para “bombardear” inesperadamente con fuego amigo el Espai Barça, al que acaba de derribar antes incluso de iniciar su construcción.
De pronto, ha presentido que los tipos de interés pueden subir y que una de las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania sería el encarecimiento del coste de esa obra que, defendió ante el socio hace apenas un mes, era urgente, necesaria e inaplazable.
Primero hay que preguntarse si Spotify, el nuevo patrocinador del Camp Nou, se sentirá embaucado cuando, a los dos días de firmar un acuerdo según el cual podrá explotar el Naming Rigths del futuro estadio azulgrana, el presidente explica en la prensa que por ahora no habrá ningún estadio reformado que patrocinar por culpa de la guerra en Ucrania.
Todo apunta, sin embargo, que ese acuerdo, incluido muy a la baja la explotación comercial del nombre del histórico estadio azulgrana, se había pasteleado sabiendo que la pretendida prisa de Laporta por iniciar las obras no era más que uno de los actos de una gran comedia.
En efecto, la aparente ansiedad mostrada por Laporta en la asamblea de octubre pasado se ha ido desvaneciendo en las últimas semanas, hasta echar el freno en seco. Allí, Laporta pidió permiso a los socios para generar un crédito de 1.500 millones y forzó además un referéndum, aunque innecesario, para democratizar lo que puede acabar siendo otra pantomima de proyecto, tipo Spotify, sin información detallada ni costes ni diseño ni plan arquitectónico.
Las obras no se iniciarán seguro este verano, ni mucho menos. Pero no por el estallido de la guerra en Ucrania, sino porque la credibilidad financiera de la junta de Laporta se ha derrumbado en pocos meses. La razón principal de que el proyecto se aparque ahora se debe a que Goldman Sachs no ha podido convencer a los inversores para cubrir una gran obra que, en un primer planteamiento, se contrapagaba con los beneficios de la explotación de las nuevas instalaciones. No había otras garantías.
Las perspectivas de Goldman Sachs han cambiado, sin embargo, cuando sus responsables y expertos se han dado cuenta, sobre todo después de la renuncia de Ferran Reverter y de las chapuzas económicas y financieras que propone su actual interlocutor, el presidente-CEO Joan Laporta, de las muchas incógnitas que ha añadido este giro interno al Espai Barça, con un replanteamiento y ocurrencias del todo disparatadas.
De entrada, a la proposición de gastar 420 millones en el Palau Blaugrana la respuesta ha sido descartarla sin ningún margen de negociación. No existe un plan de negocio capaz de recuperar el coste de una instalación como un pabellón para 15.000 espectadores si no se emplea más que para albergar las competiciones de las cuatro disciplinas de pista profesionales del FC Barcelona.
La intención es verdaderamente ilusionante y propia de un entidad como el Barça, que es más que un club, pero imposible de mantener, pues solo el mantenimiento de las secciones del Palau exigen hoy una inversión de 50 millones.
Por otro lado, por muy buenas palabras y trato cordial que le pueda dar el Ayuntamiento de Barcelona, que ve muy bien el destierro del Barça al Olímpic una temporada a cambio de 20 millones, mientras duren las teóricas obras, a Joan Laporta sólo se le puede conceder el beneficio del aprovechamiento de las licencias concedidas, de acuerdo con el plan urbanístico aprobado en su momento y ya del todo libre de alegaciones.
Lo tiene bien, inmejorable, si lo que quiere de verdad es empezar cuanto antes posible la gran reforma patrimonial pendiente en el FC Barcelona desde que él mismo, Joan Laporta, agitó a los vecinos de Les Corts en contra del Proyecto Barça 2000 de Núñez, hasta que el propio Ayuntamiento no se atrevió a autorizarlo.
Por el contrario, si lo que quiere es cambiar el proyecto hasta un punto que entre en conflicto con el margen de maniobra de las actuales licencias entonces será necesario esperar otra década.
El verdadero motivo, finalmente, que ha provocado en Laporta el enfriamiento sine die del Espai Barça radica en que Goldman Sachs precisa de nuevas garantías, contraprestaciones y disponer del máximo control de la ejecución y explotación del nuevo Camp Nou para convencer a sus inversores. No le ha gustado la inestabilidad y el rumbo errático de un presidente que, en menos de un año, se ha deshecho de su estructura ejecutiva de alto standing para acabar enrocado en un gabinete dominado por el nepotismo y la mediocridad, que parece dar palos de ciego y al que, indudablemente, un proyecto de esta dimensión parece venirle demasiado grande.
Goldman Sachs teme que esta inseguridad que desprende Laporta acabe por complicar cualquier perspectiva de negociación seriamente encaminada. De por medio han surgido además nuevos inconvenientes derivados del tanteo, ahora sí, con el fondo CVC, competencia de Goldman Sachs, a quien el Barça planea ceder un 10% de los derechos de TV.
El problema es que, por otro lado, esos derechos de TV los ha pignorado con Goldman Sachs como garantía del préstamo de 590 millones con el que el Barça de Laporta necesita salir adelante. Eso, siempre y cuando no añada más leña al fuego, pues sin una pronta inyección de fondos como los de LaLiga Impulso (CVC) las pérdidas de esta temporada se calculan en 100 millones.
Un panorama negro que nada tiene que ver con la recuperación del equipo, que necesita cuando menos asegurar la plaza de Champions para al menos disponer de ese margen de tranquilidad.
Por último, la zozobra sobre el Espai Barça se completa con esa imposibilidad de financiar en buenas condiciones el nuevo Palau Blaugrana, pues su derribo es imprescindible arquitectónicamente para el desarrollo y ejecución de la gran ampliación del estadio.
La guerra de Ucrania, bien mirado, es el menor de los problemas a la hora de afrontar el Espai Barça. El enemigo está desde luego más dentro que fuera.
