La Moncloa aprueba el plan contra la guerra y pide unanimidad política

En total son 6.000 millones en subvenciones directas y rebajas de impuestos y 10.000 en créditos empresariales

Les vicepresdentes Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera

El gobierno español ha aprobado el plan de respuesta a la guerra de Ucrania. Incluye la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y una treintena de medidas más para rebajar los precios de la energía. También incluye todas las ayudas al sector de los transportes y los avales a empresas. En total son 6.000 millones de euros en subvenciones directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones en créditos empresariales.

Tras el consejo de ministros español, las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera han presentado en rueda de prensa las medidas, algunas de ellas ya avanzadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Los objetivos prioritarios del plan de choque son rebajar el precio de todas las energías, apuntalar financieramente a las empresas más afectadas y evitar una espiral de inflación que dispare aún más el IPC. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aseguró que son «medidas sin precedentes» para mitigar las consecuencias de la guerra.

Calviño apeló en varias ocasiones a la «unidad» de las fuerzas políticas. «Si no es ahora, después de dos años de pandemia, un volcán y una guerra, ¿cuándo responderemos unidos a los españoles?», se preguntó.

Por otra parte, la Moncloa admite que la limitación del precio del gas no podrá aplicarse hasta dentro de prácticamente un mes. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, reconoce que es necesaria la validación europea y eso requiere su tiempo.

El plan del gobierno español también pone énfasis en la prohibición explícita a las empresas de despedir con el argumento de la subida de precios. Para realizar cualquier ajuste de plantilla hay que recurrir a los ERTO, al igual que ocurría con la pandemia de la covid-19, enfatizó la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

El paquete de medidas no incluye una de las peticiones que habían hecho Unidas Podemos y algunos de los socios de la investidura, como ERC, de crear un impuesto para las grandes compañías eléctricas.

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