El precio de la electricidad bajará de 200 a 50 euros por megavatio hora (MWh). Ese es el límite que España y Portugal van a proponer a la Comisión Europea para controlar el precio de las ofertas de ciclo combinado, según han confirmado fuentes del Gobierno central a ‘El Periódico’. Tras las consecuencias de la guerra de Ucrania en el país, Pedro Sánchez ha sorteado el obstáculo de Alemania y ha conseguido que Bruselas permita una excepción temporal con la Península Ibérica por su baja interconexión eléctrica con Francia.
Los gobiernos de España y Portugal enviarán esta semana su propuesta conjunta al ejecutivo de Ursula Von der Leyen. El precio que se fijará como referencia máxima para las centrales de ciclo combinado que queman gas natural se situará entre los 50 y los 100 euros, aunque las fuentes del ejecutivo español han asegurado que estará “más cerca de 50 euros”. Se establecerá una doble casación para que la venta de electricidad a Francia no se vea afectada por la reducción de precios.
Sobre las medidas acordadas por los 27, la vicepresidenta Teresa Ribera señala que "van a permitir que lo sintamos en la factura […] calculamos que en tres o cuatro semanas habrá un pronunciamiento de la Comisión y hacerlas inmediatamente operativas"https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/tvhSskIhcS
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 26, 2022
Las tecnologías que pagarán el coste real
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dejado claro que la medida que propone el Gobierno requerirá de una compensación que realizará el propio sistema eléctrico. El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) realiza una subasta cada hora según la demanda y la oferta de electricidad. El tramo horario que se cubra con gas se reconocerá a un precio máximo (cercano a los 50 euros). Si el coste real es superior, la diferencia se «reasignará proporcionalmente a cada una de las tecnologías que ganen la subasta a esa hora». Por lo tanto, el resto de tecnologías pagarán la diferencia dependiendo de su participación.
Ribera ha asegurado ayer, sábado 26 de marzo, que esta medida se pondrá en marcha en “tres o cuatro semanas”. En este tiempo la Comisión Europea enviará la propuesta por escrito al Comité de Representantes Permanentes de los Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea (COREPER).
