Desde Tarragona, el presidente Pere Aragonès ha defendido el acuerdo adoptado ayer por ERC, Junts, PSC y comuns para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que impone un 25% de castellano en las aulas. El presidente niega que el acuerdo vaya en contra de la escuela catalana. A su juicio, «es un acuerdo que garantiza la inmersión y favorece al catalán».
El pacto, que implica modificar la ley de política lingüística, ha sido duramente criticado por la CUP y varios actores de la comunidad educativa, quienes señalan que supone liquidar el modelo de inmersión lingüística. Junts, que en un primer momento suscribió el acuerdo y después se desdijo, se muestra dividida.
Mientras ERC ha acusado a Junts de dinamitar el acuerdo por partidismo, Aragonès ha aprovechado para dirigirse también a Junts, y les ha advertido contra abandonar el acuerdo: «Cuento que los cuatro grupos parlamentarios que han impulsado con mucha responsabilidad este acuerdo continuarán apoyándolo, como no puede ser de otra manera», ha dicho.
La ex consellera de Educació, Irene Rigau (CiU), ha defendido que el acuerdo a cuatro bandas para proteger el catalán en la escuela mantiene la inmersión lingüística «de forma total». En una entrevista en SER Catalunya, Rigau critica que Junts se deje «desestabilizar» por un tuit y lamenta que el partido se haya descolgado del pacto horas después de firmarlo, ya que considera que el acuerdo tiene un gran valor porque recupera el consenso perdido en el ámbito lingüístico.
Rigau considera especialmente preocupante el tuit que hizo el ex presidente de la Generalitat, Quim Torra, cargando contra el acuerdo y le recuerda que el gobierno que presidía no retiró el recurso que ha terminado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha fijado el mínimo del 25% de las clases en español.
Illa, satisfecho
El líder del PSC, Salvador Illa, ha aplaudido también el acuerdo de su formación, ERC, Junts y los comuns en el Parlament que reconoce por primera vez el castellano como lengua de uso en la escuela y delega en cada centro la decisión, al tiempo que define la lengua catalana como «centro de gravedad» del sistema de educativo. «Es un acuerdo que defiende el catalán y que respeta y no ataca al castellano», indica.
