Se habla mucho de las macrogranjas. De hecho, la polémica alude básicamente al sector porcino. Un ámbito especialmente conflictivo y que en los últimos tiempos ha hecho su agosto con la exportación debido a la peste que ha asolado la cabaña de China y que concentra, aparte de gente muy honesta, buenas dosis de malos usos y costumbres , además de grandes dificultades de sostenibilidad.
Hace un tiempo, Jordi Évole realizó un reportaje televisivo sobre esta cuestión en la que se evidenciaban sus perfiles más brutales. Y es que un problema no menor, y hoy en día no resuelto, es qué hacer con unas deyecciones que superan con mucho las posibilidades de ser absorbidas por los campos de cultivo en tanto que abono. Su desmesura las convierte en un residuo altamente contaminante que se encuentra en exceso sobre campos y arroyos y embrutece las aguas freáticas por saturación de nitratos. Las soluciones técnicas de tratamiento de las deyecciones para revalorizarlas han funcionado entre poco y nada, en la medida en que siempre resulta menos costoso capear la norma, externalizar el problema, como así se ha hecho.
Éste es un sector al que no se ha obligado a internalizar todos los costes de producción. Las normativas son laxas, y más laxa es aún su exigencia y control de aplicación. Todo se remite a códigos de “buenas prácticas” que dependen de la voluntariedad de la observación en un sector en el que el empresariado mantiene actitudes que tienen que ver con la fase de “acumulación primitiva” de capital. Quienes deberían ser garantes de la norma, tienden a mirar hacia otro lado para no molestar al sector y mantener los beneficios del caciquismo, ya que la capacidad de presión de estas patronales es grande, tanto en la España vaciada como en la Cataluña interior (Lleida y Plana de Vic), lugares donde el problema es muy preocupante.
Las dificultades no se circunscriben a la fase productiva de cría y engorde. Existe una industria cárnica constituida por mataderos de una dimensión desmedida y salas de despiece enormes. La única ventaja respecto a una fase inicial, en la que apenas se crea empleo, es que en estas funciones sí se crea, y de forma masiva. Son actividades intensivas en mano de obra, con condiciones de trabajo brutales y escasos sueldos. El recurso está en la captación de grandes contingentes de inmigrantes dispuestos, al menos durante un tiempo, a trabajar con estos requerimientos, ya sean subsaharianos u orientales. La inmensa mayoría no cobran nómina de las empresas y, de hecho, administrativamente trabajan para falsas cooperativas de trabajo. La firma aparentemente contratante no tiene ninguna obligación, utiliza y abusa, y prescinde de ella cuando le conviene. No se pueden reequilibrar las fuerzas mediante sindicación y movilización.
Los impactos medioambientales también son mayúsculos. Los residuos que no pueden convertirse en subproductos reutilizables son muchos y de gran carga contaminante, como el uso intensivo de agua que acaba contaminada y que las depuradoras son incapaces de restaurar. Las externalidades económicas y sociales van mucho más allá: pobreza, miseria, falta de viviendas, servicios sociales insuficientes, dificultad de absorber grandes contingentes de población nuevos, no por ser migrantes, sino por carecer de todo.
No todo es así en el sector cárnico. Sería injusto y poco veraz afirmarlo. Algunos empresarios han apostado por conformar marca y llegar al consumidor final a través de la diversificación del producto creando gama y elaborando, en algunos casos, con niveles de calidad más que aceptables. Por lo general, son apuestas que van ligadas también a formas de contratación normalizadas y a mejores prácticas. No son la mayoría, pero existen proyectos sólidos que podrían marcar la línea.
El sector cárnico es necesario, seguramente estratégico, como lo es todo el tema alimentario, pero es necesario transformarlo hacia un modelo económicamente interesante y social y medioambientalmente decente. Lo reclaman las directivas europeas y deberíamos exigírnoslo nosotros mismos. La transformación se dará si se establecen normas y se incentiva. En la medida, también, que haya un pilotaje claro por parte de las administraciones y políticas públicas.
Quizás más que grandes frases de denuncia, lo necesario son criterios y políticas claras en el marco del proyecto industrial que tengamos para el futuro.
