La oposición pedirá la suspensión como diputada de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en cuanto se le abra juicio oral por el presunto fraccionamiento de contratos cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). El TJSC anunció el lunes, tras terminar la instrucción de la causa, que ve indicios de delito y ha dado diez días a la fiscalía para que presente su escrito de acusación.
El PSC y los comunes han avanzado que activarán el artículo 25.4 del reglamento del Parlament para suspender a Borràs, mientras que el PP y Cs han pedido a la presidenta de la cámara que dimita.
Por su parte, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, se limitó a mostrar el «máximo respeto» por Borràs y su presunción de inocencia y pidió esperar a ver qué ocurre. «Es un tema que se alarga cuatro años y finalmente, después de dilaciones y especulaciones, hay que ver cuándo se fija el juicio».
El juez instructor apunta que la actual presidenta de la cámara catalana dictó resoluciones injustas siendo consciente de ello, contrarias al interés general, y concluye que existen indicios suficientemente sólidos para que Borràs sea juzgada por la presunta comisión de los delitos de fraude administrativo y falsedad en documento mercantil, y delitos continuados de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos.
