El gobierno de la Generalitat prevé regular el Fondo Complementario de Riesgos, con el que avaló por decreto a altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas, con una nueva ley que amplía su cobertura a actuaciones no enmarcadas en el ejercicio de una responsabilidad pública, publica el diario El Mundo.
Según esta información, que cita el redactado de la nueva ley, se trata de una norma que modifica el decreto que habilitó inicialmente los avales, facilitados a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), una fórmula para facilitar ese apoyo con fondos públicos que el Tribunal de Cuentas, después de varias negativas, no había aceptado hasta este mes de febrero.
El nuevo redactado, sobre “el ámbito de aplicación subjetivo”, suprime la frase que le limitaba a “las personas que tengan o hayan tenido la condición de personal al servicio de la Administración de la Generalitat y de los entes y organismos de su sector público, de altos cargos y de miembros del Gobierno de la Generalitat por actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo”.
Asimismo, la ley que prepara el gobierno catalán mantiene el deber de devolver el aval en caso de condena firme, pero añade que no hay obligación de hacerlo hasta que la haya dictado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Otra novedad respecto al decreto es que el Departamento de Economía y Hacienda asumiría directamente la gestión del aval, en vez del ICF, que se encargó provisionalmente, lo que causó incomodidad entre sus trabajadores.
