La Fiscalía ha rebajado la solicitud de penas en la trama de corrupción urbanística de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona. Así, ha retirado la acusación contra tres encausadas y pactado la reducción de penas con otros 15 procesados. Los otros cinco acusados no aceptaron el pacto.
Uno de los principales investigados, un ingeniero que hacía de intermediario entre propietarios de pisos y funcionarios de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona ha aceptado 4 años y 3 meses de cárcel, y el jefe de los servicios técnicos de Ciutat Vella ha aceptado 2 años y 7 meses, además de multas e inhabilitación. Generalitat y Ayuntamiento han aceptado la rebaja.
El juicio contra 23 encausados ha arrancado este jueves en el auditorio de la Ciudad de la Justicia. La investigación arrancó en el 2009 tras las denuncias efectuadas por la entonces concejala de Ciutat Vella, Itzíar González, ya lo largo de estos años el caso ha sufrido todo tipo de tropiezos.
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba inicialmente penas que oscilan entre el año y medio y los 18 años de cárcel para 23 personas, entre ellas ocho funcionarios municipales, además de propietarios de viviendas. La acusación pública atribuía a los encausados delitos de cohecho, prevaricación urbanística, falsedad documental, amenazas, infidelidad en la custodia de documentos.
