El Tribunal de Cuentas ha cambiado de parecer sobre los avales con fondos públicos que facilitó la Generalitat de Cataluña, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), para que 34 ex altos cargos y funcionarios afrontaran fianzas impuestas por su papel en la internacionalización del procés.
Tras la negativa a aceptarlos, en un caso que consideraba de dolo o de culpa grave, la anterior delegada instructora, Esperanza García, cuando existía mayoría conservadora, ahora la sección de enjuiciamiento de la institución fiscalizadora ha decidido aceptarlos por dos votos contra uno.
Esta decisión, la primera que adopta el Tribunal de Cuentas sobre el procés con la nueva mayoría progresista, conlleva el retorno del dinero y los bienes depositados como fianza, de los que 2,1 millones de euros los aportaron militantes de ERC, y entre los que también hay inmuebles embargados del expresidente catalán Artur Mas y del exconsejero Francescc Homs.
El Tribunal de Cuentas celebrará, en una fecha todavía no determinada, el juicio conjunto sobre los gastos en la acción exterior vinculada con el procés, por el que ha reclamado fianzas de 5,4 millones, y por la responsabilidad del gobierno catalán que presidió Carles Puigdemont en la organización del 1-O, por la que ha impuesto 4,1 millones de fianza.
