La Oficina Antifraude tiene abierta una investigación por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato de compra de material sanitario efectuado por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) durante la primera oleada de la pandemia, el 19 marzo de 2020. Según ha detallado el organismo en una nota de prensa, el ICS contrató a la empresa Basic Devices SL, la cual se habría presentado como intermediaria del mercado chino, para un aprovisionamiento de emergencia por un importe inicial de 60.580.162, 50 euros que incluía mascarillas, trajes de riesgo biológico, respiradores y equipos de ventilación mecánica. La empresa, sin embargo, levantó sospechas de estafa, y la propia Generalitat presentó una denuncia ante los Mossos d’Esquadra, que finalmente retiraron. El 5 de mayo de 2020, el importe del contrato asignado a Basic Devices se redujo hasta los 35 millones de euros, la misma cantidad que el Govern decidió adelantar a la empresa un día después de formalizar el contrato.
En los informes relacionados con este contrato, Antifraude señala varias deficiencias como, por ejemplo, el hecho de que en el momento de la contratación la empresa no estaba inscrita en el sistema de la Seguridad Social ni disponía de ningún trabajador a su cargo. Esto, sumado a las incongruencias detectadas en la declaración responsable de la empresa contratada sobre su capacidad y solvencia, podrían indicar la prohibición de contratar a Basic Devices según la ley de contratos públicos. El organismo también destaca la «falta de información» relativa a los contactos preliminares realizados con la empresa, que debían garantizar que la sociedad contratada podía hacer frente al encargo.
«Las consultas preliminares (…) no han sido ni esclarecedoras ni transparentes», concluye Antifraude, que señala en la nota de prensa que «estas carencias informativas iniciales desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detección y solución de conflictos de interés o de lucha contra la corrupción». Por otro lado, el organismo señala que el abono anticipado de 35 millones de euros que efectuaron el pasado 20 de marzo de 2020 el Departamento de la Vicepresidencia y el de Economía y Hacienda a Basic Devices no tendría «cobertura legal» al hacerse antes de que entrara en vigor el artículo del Real decreto ley que lo permitía. Además, Antifraude remarca que el abono se realizó sin que conste «ninguna justificación documentada sobre la necesidad inaplazable e inevitable de hacerlo». En este sentido, califica el pago anticipado como «un acto de temeridad que supuso tener que asumir un riesgo no controlado».
El pasado 9 de febrero de este año, el director de la Oficina Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, puso en conocimiento del consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y de la directora gerente del ICS, Yolanda Lejardi, los informes elaborados por el organismo sobre el citado contrato. Ahora, la Generalitat dispone de 30 días para informar «sobre las medidas adoptadas en relación con las irregularidades que se exponen y los recordatorios y recomendaciones que se formulan». Cuando reciba la respuesta, Antifraude decidirá si da por terminada la actuación y pasa a la fase de seguimiento o si exige más aclaraciones.
