La propuesta que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, puso sobre la mesa para desobedecer el acta de la Junta Electoral Central (JEC) que ordenaba la retirada del escaño al diputado cupero Pau Juvillà, se limita a un documento de diez líneas que habla de una «desobediencia» del Parlament ante inhabilitaciones y resoluciones judiciales, pero que no hace ninguna concreción al respecto. Borràs aseguró en declaraciones a RAC 1 que se trataba de una «propuesta ambiciosa de resistencia colectiva» que no fue aceptada ni por ERC ni por la CUP, pero según el citado medio estos partidos la consideraron ambigua.
«Se mantendrá desobediencia a cualquier futura inhabilitación. Todos los grupos se comprometen a no cubrir eventualmente vacantes por inhabilitación, sin perjuicio del derecho de los diputados a renunciar voluntariamente al escaño», señala el texto, el cual añade que el Govern «se compromete a obedecer al Parlamento incluso en contra de resoluciones judiciales o administrativas». Para formalizar el acuerdo, se requería el compromiso «público y firmado» de los partidos independentistas en forma de propuesta de resolución, que debía ser admitida a trámite por la Mesa del Parlament para después votarla en el pleno.
Según el medio citado, la propuesta de Borràs se entregó por escrito a los republicanos y a los anticapitalistas, pero no al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a quien se lo habría trasladado de palabra en una «reunión informal» de la que se desconocen los detalles. Los dos partidos, sin embargo, consideraron que el texto era inconcreto porque no detallaba qué hacer desde el Parlament ante las resoluciones judiciales o administrativas, ni cómo el Govern obedecería las decisiones de la Cámara sin cometer un delito. Tampoco explicaba cómo los diputados inhabilitados podrían seguir ejerciendo con normalidad.
