La denuncia que la fiscalía de Lleida ha interpuesto contra la residencia Fiella de Tremp (Pallars Jussà) por el brote de covid-19 de noviembre de 2020 detalla aspectos como que la descoordinación era tan grande que incluso había cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación a usuarios que hacía días que estaban muertos.
Según el fiscal no hubo una “asistencia sanitaria real”. Otra de las graves irregularidades que se ponen de manifiesto en el escrito es la nefasta gestión del centro de los muertos y también la comunicación de los responsables con las familias. El brote provocó la muerte del 42,95% de los residentes.
Para la fiscalía, a pesar de que la situación de pandemia mundial había sido declarada nueve meses antes y que se sabían cuáles eran las consecuencias de un brote de covid, las denunciadas, que son la directora del centro y la responsable de Higiene Sanitaria, no actuaron como era de prever. Aun así, habían recibido formación y disponían de herramientas suficientes para hacer frente al brote, según el fiscal, pero actuaron con dejadez de funciones y esto habría provocado la rápida transmisión del virus entre usuarios y trabajadores. En total murieron 64 de los 142 residentes.
Los usuarios pasaban frío, hambre y sed
Entre las muchas irregularidades que fiscalía detalla en la denuncia, destacan que se privó a los usuarios de una correcta asistencia médica y que tampoco hubo ningún tipo de coordinación con los centros médicos más próximos. Un ejemplo es el que tuvo lugar el 28 de noviembre, cuando no se sirvió la cena a los residentes hasta pasada la medianoche. Fiscalía apunta que aquellos días muchos pasaron frío, hambre y sed.
Otra de las contingencias manifestadas es la del incumplimiento del protocolo estricto de visitas de familiares. No se controlaban, asegura el fiscal, que también indica que había familiares con “ciertos privilegios” porque las visitas no se supervisaban ni se hacían de forma equitativa.
En el escrito del ministerio público se afirma que los familiares de los residentes pasaron días sin tener ninguna noticia de la situación. Algunos fueron informados de que se encontraban en buen estado de salud cuando ya habían muerto y a otros no se les avisaba de que su familiar había fallecido. No había un protocolo de defunción y esto ocasionó que algunos familiares se enteraran de la muerte de sus parientes por la funeraria o por otros conocidos del municipio o voluntarios de la residencia. Otros, incluso, tuvieron que ir al centro y buscar a sus familiares entre las habitaciones donde había muertos y algunos se vieron obligados a recuperar los cadáveres por sus “propios medios”.
La fotografía que encabeza esta noticia (Obispado de Urgell) corresponde a la visita que el 2019 realizó a la residencia el arzobispo Juan-Enric Vives, acompañado del vicario general Josep M. Mauri y del archivero diocesano, Benigno Marqués. El arzobispo se reunió con las religiosas misioneras hijas del Inmaculado Coro de Maria y con la directora de la residencia, Sra. Remei Navarri.
