El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tuvo el lunes de la semana pasada un positivo por covid-19 en su casa. La mujer o la hija se contagiaron y, poco después, él anunciaba que “por prudencia” y responsabilidad suspendía la agenda presencial y se aislaba. Aquel martes, Aragonès no asistió al Consejo Ejecutivo ni a la entrega del Premio Internacional Cataluña. Desde su entorno y el del partido alabaron su actitud, remarcando que, a pesar de que los protocolos no obligan a aislarse a alguien que no mujer positivo pero es contacto estrecho, el presidente lo hizo siguiendo la recomendación de teletrabajar.
Pero cuando Aragonès anunció el confinamiento “voluntario” no debía de pensar mucho en las consecuencias políticas. Y es que miércoles, solo un día y medio después, tenía una sesión de control en el Parlament, la primera desde antes de Navidad. Ante la posibilidad que se suspendiera, la oposición ya estaba preparando la artillería pesada, acusando el presidente de no dar la cara. Por eso Aragonès anunció martes al atardecer que con un día de aislamiento tenía bastante y, con una prueba negativa, acudiría al pleno como si nada. La política pasó delante de la prudencia sanitaria, por más bandera que hiciera antes.
