Sant Cugat reclama 143.800 euros a Convergència y al PDeCat por el caso del 3%

El Ayuntamiento también solicita para el extesorero de CDC un año de prisión y una multa de 287.600 euros por tráfico de influencias

Daniel Osàcar

El Ayuntamiento de Sant Cugat, que ejerce la acusación en el caso del 3%, ha concluido en un escrito avanzado por El País que la extinta Convergència (CDC) y su sucesor, el PDeCat, se beneficiaron de pagos ilegales y pide el decomiso de 143.800 euros. El municipio del Vallès Occidental aparece en la sentencia del caso Palau por el cobro de comisiones irregulares en la construcción de un pabellón deportivo, y es un escenario clave del entramado. Durante 32 años, ha sido gobernado por los convergentes hasta que, en 2019, ERC logró la alcaldía gracias a un acuerdo entre los republicanos, el PSC y la CUP.

El escrito del consistorio, como perjudicado por el presunto pago de comisiones a cambio de obras públicas, se limita a la única obra bajo sospecha del municipio: un edificio de 72 viviendas en la plaza Rabassaires, adjudicado a la constructora Teyco por 4,6 millones en marzo del 2009. Una empresa de construcción que, presuntamente, habría hecho pasar como donaciones dirigidas a fundaciones de la órbita de Convergència lo que en realidad eran mordidas.

Por estos hechos, Sant Cugat pide un año de cárcel para el extesorero de CDC, Daniel Osácar -condenado por el caso Palau-, y el pago de una multa de 287.600 euros por tráfico de influencias. Para el administrador de Teyco, Jordi Sumarroca, solicita un año de cárcel por el mismo delito y multa de 9,2 millones, el doble del beneficio obtenido con la adjudicación. En el escrito, el consistorio afirma que actuaron de común acuerdo y «en concierto con otras personas que no han sido determinadas en la instrucción», pero con suficientes «vínculos y ascendencia» sobre el Ayuntamiento y sobre la empresa municipal que adjudicó las obras, Promusa.

En cuanto a la responsabilidad de Convergència y el PDeCat, el Ayuntamiento de Sant Cugat sólo reclama que respondan como partícipes a título lucrativo, ya que cuando los hechos sucedieron todavía no estaba vigente la reforma legal que contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, el consistorio solicita el decomiso de 143.800 euros, el importe de las tres donaciones que Teyco hizo a fundaciones afines a CDC por la construcción de las viviendas de Sant Cugat.

El Ayuntamiento concluye en el escrito que existe una «identidad» entre Convergència y su sucesor, los cuales compartían órganos de dirección y personal, y que la creación del PDeCat responde al único objetivo de «desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido CDC».

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