Un estudio de la Fundación FOESSA, vinculada a Cáritas, dice que el 29% de los catalanes están en riesgo de exclusión social a causa del impacto socioeconómico de la pandemia de covid-19 y que en un 3% de los hogares catalanes se ha pasado hambre en los últimos diez años. El estudio afirma que los efectos en la economía de la población en situación desfavorable ha empeorado desde la llegada de la enfermedad, por las consecuencias que esta ha generado en el ámbito laboral y en el acceso a los medicamentos de las personas con rentas más bajas. El informe apunta que los perfiles que marcan la pobreza en Cataluña son las mujeres, las personas migrantes y los jóvenes.
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) afirma que el empeoramiento de condiciones de vida de los más desfavorecidos se ha visto incrementado en los momentos de más afectación de la enfermedad. Según recoge Catalunya Ràdio, la responsable del informe y coordinadora del Grupo de Trabajo de Análisis Social de Cáritas Cataluña, Míriam Feu, ha afirmado que «hace tres años ya alertábamos de que había muchas personas en la cuerda floja, en una situación muy precaria», y que «la crisis de la covid ha empujado a estas personas hacia la exclusión social». Feu ha dicho que «muchas de estas personas no imaginaban nunca que acabarían recurriendo a entidades como la nuestra».
En este contexto, el estudio apunta que hay un conjunto de elementos que hacen aumentar la exclusión social, entre los cuales hay la suma de la pobreza, el paro y el endeudamiento. En este sentido, el informe EINFOESSA Exclusión y desarrollo social en Cataluña 2021 dice que los catalanes sufren más exclusión social que el resto de ciudadanos de España, puesto que la media española sitúa la afectación en el 23% de la población. Según FOESSA, estas cifras responden al hecho de que el impacto de la covid-19 en el mercado de trabajo ha sido más importante en Cataluña.
Cáritas Cataluña defiende que para revertir estos datos sobre la exclusión social, las administraciones tienen que garantizar la creación de un verdadero parque de vivienda pública de alquiler, aumentar la cobertura de la renta garantizada de ciudadanía catalana, y un plan de formación ocupacional orientado a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral. Feu ha afirmado que «las administraciones tienen que apostar por una política decidida de vivienda social y tienen que crear planes de ocupación que vayan dirigidos exclusivamente a las personas que más tiempos llevan en el paro. Si no lo hacemos, la pobreza extrema se cronificará».
