Amnistía Internacional denuncia la «deficiente actuación» de la Fiscalía ante las muertes por covid en las residencias

La entidad afirma que los protocolos de no derivación a los hospitales eran contrarios al "derecho a la vida o al acceso a la salud"

Una anciana saludando desde una residencia

La última investigación de Amnistía Internacional sobre las defunciones que se han producido en las residencias de ancianos de España desde que comenzó la pandemia, especialmente durante la primera ola, concluye que el Ministerio Fiscal llevó a cabo una actuación «deficiente» y que, hasta ahora, «las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias». En un informe publicado este lunes, con motivo de los dos años que se cumplen desde que se detectó el primer caso de covid en España, la organización señala que «no se está garantizando la verdad para las víctimas» y alerta de la «impunidad» que esto está causando.

Tras revisar las denuncias que afectan a más de un centenar de residencias de Madrid y Cataluña, Amnistía Internacional ha constatado su preocupación «por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad». En este sentido, la entidad remarca que casi el 90% de las diligencias penales iniciadas por la Fiscalía sobre el asunto se han archivado sin llegar a los tribunales, y apunta que «la mayoría de investigaciones» que ha llevado a cabo el Ministerio Fiscal «no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia».

«Más de 35.000 personas murieron en las residencias y, sin embargo, no hay ninguna persona declarada responsable por lo ocurrido. No podemos simplemente dar por sentado que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a los que cuidaban de nuestros mayores», afirma el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, quien añade que «las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”.

La organización alerta de que, tanto en Madrid como en Barcelona, ​​las investigaciones no han tenido en cuenta el testimonio de las personas afectadas y que, en múltiples casos, no se ha tomado declaración ni a las víctimas ni al personal de las residencias. Señala, también, que el Consejo General del Poder Judicial «tampoco ha realizado seguimiento alguno sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia, como indican las normas internacionales».

Respecto a los protocolos de no derivación a los hospitales aplicados en las residencias durante la primera ola, Amnistía Internacional considera que «provocaron violaciones del derecho a la vida o al acceso a la salud», y que «son responsables directos» de la imposibilidad de miles de personas de Madrid y Cataluña de acceder a la asistencia sanitaria durante «los momentos más duros de la pandemia». Además, según defiende la entidad, los criterios para decidir a quién se hospitalizaba y a quién no eran discriminatorios, ya que incluían «factores como la edad o el deterioro cognitivo, no relacionados con el pronóstico de vida del paciente y asociados al hecho de vivir en una residencia».

La investigación de la organización internacional también señala que ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han mostrado mucho interés en investigar lo que ha sucedido en estos centros, y recuerda que en Cataluña se ha rechazado la creación de una comisión parlamentaria proponiendo, en su lugar, un grupo de expertos. «A nivel estatal, el Congreso de los Diputados no ha puesto en marcha ninguna comisión de investigación sobre los hechos, y a nivel autonómico los intentos han sido mayoritariamente inútiles y obstaculizados por los partidos gobernantes, sin importar el signo político. Las autoridades no pueden excusarse en las mayorías parlamentarias para evitar cumplir sus obligaciones», concluye Beltrán.

Por todo ello, Amnistía Internacional reclama la creación de «una comisión de verdad en el Congreso» que permita esclarecer los hechos, i solicita a la Fiscalía «que lleve a cabo investigaciones proactivas sobre todas las defunciones de personas a las que no se aseguró una asistencia sanitaria adecuada». En opinión de la entidad, las pesquisas deben aclarar «cómo los protocolos institucionales fueron determinantes en la falta de asistencia hospitalaria a las personas mayores en residencias».

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