No hay mal que cien años dure. En Cataluña tenemos cuatro reactores nucleares: tres están operativos (Ascó I, Ascó II y Vandellòs II) y el cuarto (Vandellòs I) está en proceso de desmantelamiento, después del gravísimo accidente que se produjo en 1989 y que estuvo a punto de provocar una catástrofe como la de Chernóbil.
Esta semana pasada, el BOE ha publicado una disposición que obliga a las centrales nucleares españolas a presentar, en un plazo de 18 meses, un plan preliminar para su desmantelamiento, que tendrán que someter a la aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Esto quiere decir que la cuenta atrás para la extinción de los siete reactores atómicos en funcionamiento que hay en España –entre los cuales están los tres catalanes– ya ha empezado.
Sin embargo, el cierre de estas centrales nucleares no será inmediato. Después de las últimas prórrogas aprobadas por el CSN, la licencia de explotación de Ascó I y Vandellòs II se ha prolongado hasta el año 2030, y la del reactor Ascó II, hasta el año 2031.
Pero la voluntad de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, es clara: las nucleares, que son potencialmente muy peligrosas y tienen el grave problema añadido del almacenamiento y del tratamiento de los residuos atómicos, tienen que ser sustituidas por otras fuentes de energía no contaminante.
El anuncio del inicio del proceso de desmantelamiento de los tres reactores que hay en Cataluña añade presión en la Generalitat, que va muy atrasada en el plan de despliegue de las energías renovables (eólica, solar, geotérmica, biomasa…). Hay que señalar que Ascó I, Ascó II y Vandellòs II abastecen, en la actualidad, el 52% de las necesidades de consumo eléctrico de Cataluña.
Además del gravísimo incendio de Vandellòs I, la historia de la energía nuclear en Cataluña está repleta de incidentes. El más alarmante fue la fuga masiva de partículas radiactivas producida en el reactor de Ascó I en 2007, que la empresa intentó esconder al CSN, motivo por el cual fue sancionada con una multa de 15,3 millones de euros. Sin ir más lejos, el 25 de noviembre pasado un bombero murió intoxicado por dióxido de carbono en esta misma central nuclear.
