Sant Vicenç de Torelló es un pueblo de 2.000 habitantes, ubicado en la comarca de Osona. Desde hace casi 40 años, los vecinos tienen que convivir con una instalación muy molesta: el matadero de cerdos de la empresa Mafriges, que es colindante con las casas del barrio de Serrallonga.
Parece obvio que, por sus grandes dimensiones y por su tipo de actividad, que implica un constante tráfico de camiones, el matadero de Mafriges tendría que estar en un polígono industrial. Pero es el mundo al revés: la empresa necesita crecer y ha decidido, con el permiso del Ayuntamiento, hacerlo en unos terrenos adyacentes, en pleno casco urbano de Sant Vicenç de Torelló.
Los vecinos han montado en cólera. Soportan, desde hace años, todos los inconvenientes que provoca la presencia del matadero junto a sus domicilios y ahora constatan, con estupor, que el Ayuntamiento ha dado luz verde a la ampliación de las instalaciones en casi el doble.
El matadero de Mafriges tiene una capacidad para sacrificar cada semana 17.000 cerdos. Además, dispone de salas para trocear, envasar y refrigerar la carne. La empresa, según explica, exporta gran parte de su producción a la Unión Europea y a países como China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Singapur, Malasia…
La familia Puigvila es la propietaria de Mafriges, que en 2020 declaró una facturación de 155 millones de euros. Además del matadero, también son propietarios de la fábrica de piensos Victoria y de la empresa de energía Solar Park Vall de Coma SL.
El alcalde del pueblo, Èric Sibina (ERC), alega que está atado de pies y manos por un convenio que el Ayuntamiento firmó con la empresa en 2014, donde se preveía el crecimiento del matadero y así ha quedado reflejado en el plan de ordenación urbanística municipal (POUM). Reconoce que tener un matadero industrial en medio del pueblo dificulta la convivencia, pero confía que la ampliación aprobada no incrementará las denuncias de ruidos y de malos olores.
Unos treinta vecinos han constituido una plataforma para oponerse al proyecto de Mafriges. Después de ver rechazados los recursos presentados ante el Ayuntamiento, han decidido presentar un procedimiento contencioso–administrativo ante los tribunales y, por eso, han emprendido una campaña de micromecenazgo para poder pagar los gastos judiciales.
